Las caras de la Desigualdad en México

Por: Rosa Martha Loría San Martín

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Hablar de desigualdad es hablar no solo de diferencias en el ingreso, sino también de las asimetrías que existen entre la capacidad de apropiación de recursos y activos que generan bienestar, desarrollo, inclusión y el ejercicio pleno de los derechos humanos. Es una, o la condicionante que motiva la presencia de conductas de exclusión social e inequitativa distribución del poder político y económico, dejando en manos en unos cuantos la toma de decisiones y lo que es peor, el enriquecimiento excesivo.

Lo cierto es que estamos inmersos en un mundo en el que 1% más rico posee el 48% de la riqueza mundial, un desequilibrio que continúa acelerándose hacia una desigualdad radical que sostiene una pobreza extrema del mismo modo que sostiene la riqueza extrema y en la que, la gran mayoría de los derechos humanos, no tiene posibilidad alguna de hacerse realidad.

Para comprender esta realidad enigmática, vale la pena revisar las determinantes que originan la existencia y permanencia de la desigualdad, como poner a la vista, las diferentes manifestaciones que la envisten y cómo afectan, incrementan o paralizan el desarrollo de las sociedades.

En México y América Latina la desigualdad es producto de un círculo vicioso que persiste históricamente, por lo que ya no puede estar fuera de las agendas políticas y de desarrollo de cada país y visualizarse dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Para el caso de México, las principales causas que determinan su existencia son los últimos indicadores sobre la distribución del ingreso, distribución de la riqueza e inequidad en el desarrollo a razón de género y condición étnico-racial.

Tratándose de ingreso, indicador que permite conocer la distancia que existe entre los ingresos de las personas en pobreza extrema y los de las personas no pobres y no vulnerables. Según el Informe del Panorama Social América Latina 2016 de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), señala que la desigualdad en la distribución del ingreso de las personas, entre 2008 y 2015, disminuyó en América Latina, gracias a la prioridad que se dio a los objetivos de desarrollo y el efecto eminente que surge después de una crisis económica, con la que hubo un incremento relativo de los ingresos en la población menos favorecida y la incorporación de programas sociales que prevén transferencias directas, logrando mejoras distributivas, pero no esencialmente asociadas al reparto más equitativo de las retribuciones al capital y al trabajo.

Es así como las formas en la estructura de la propiedad y acumulación de riqueza, acompañadas del grado de importancia que nuestra sociedad le da a la clase social y el estrato socioeconómico, han puesto a México en el escenario extremo de la desigualdad, siendo hoy, según la OCDE, entre los países inscritos, el país con mayor índice de desigualdad en cuanto a la distribución de la riqueza.

Veamos algunos hechos que contextualizan esta posición

Entre 2003 y 2014, la economía mexicana creció a un promedio anual del 2,6% y la riqueza alcanzó un crecimiento real promedio anual del 7,9%, lo que significa que la riqueza en México se duplicó al 2015; pero, también en este periodo, hubo una fuerte concentración en la propiedad de los activos físicos de las unidades de producción registradas en censos económicos, en la que, el 10% de las empresas concentraron el 93% de los activos físicos, en tanto que el 90% restante dispone de muy pocos bienes de capital, observamos entonces incrementos en capital, pero sin distribución equitativa, condición que se mantiene a la fecha.

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Para el 2016, el 37% de los activos se concentró en manos de las familias mexicanas, 28 billones de pesos, lo que nos haría pensar que la mayoría de los hogares alcanzaron un nivel de bienestar sostenible, pero no es así, lamentablemente la repartición de estos recursos no ha sido igualitaria para todas, ya que, las dos terceras partes de estos activos están en manos del 10% de las familias del país, en tanto que el 1% de las familias concentran apenas poco más de un tercio.

Por otra parte, aun cuando hay avances considerables y a sabiendas que la autonomía económica de la mujer es fundamental en la reducción de la desigualdad, dada la estrecha relación entre el efecto que tiene el aumento de la participación femenina e ingresos laborales con la reducción de la pobreza; las mujeres mexicanas siguen teniendo menor acceso a recursos, capacitación y una alta carga de trabajo doméstico no remunerado. Según la Encuesta ENOE (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo), la participación laboral femenina sigue siendo considerablemente menor a la masculina, ya que 78 de cada 100 personas que trabajan o buscan trabajo, son hombres y solo 22 son mujeres, y de éstas, cerca del 40% no cuenta con prestaciones laborales y en promedio en las empresas, las mujeres ocupan solo el 6% de las direcciones generales y perciben salarios entre el 17% y el 23% menos que los hombres, lo que hace pensar que predomina el mito del “techo de cristal”, en el que se cree que las mujeres tiene poca visión, los hijos frenan su carrera o carecen de habilidades para ser líderes y, compiten para un puesto directivo hasta que se sienten un 80% preparadas, mientras que los hombres lo hacen con el 50% de preparación.

Ahora bien, los retos no solo están en las dimensiones del ingreso, riqueza y género, sino en la inequidad educativa, cuando hablamos de educación media y media superior, en las que la exclusión al sistema educativo sigue siendo la limitante de millones de jóvenes mexicanos, junto las tasas de matriculación efectiva, refiriéndonos a la conclusión de estudios en este nivel hasta su titulación.

Las cifras que registra la Secretaría de Educación Pública para el ciclo escolar 2015-2016 para la tasa de cobertura en el nivel medio superior fue del 74.6%, tres de cada cuatro jóvenes entre 15 y 17 años tendrían lugar dentro de este nivel educativo; la tasa de abandono rebasó el 12% y más del 15%, la reprobación, es decir, una tasa neta de escolarización del 59.5% y de terminación del 58.1%. De estas cifras menos de la mitad de los jóvenes asistió al bachillerato tecnológico o profesional técnico, es decir, no conto con preparación para el trabajo, muestra clara de la inadecuada vinculación de la oferta educativa, la vocación productiva y las necesidades profesionales del mercado. Un desafío mayor: a mayor edad, menor posibilidades de asistencia escolar.

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En última cara de la desigualdad, no menos importante a las anteriores, son las condiciones étnico-raciales que, junto con las socioeconómicas, de género, territoriales y las asociadas al ciclo de vida, constituyen los ejes de la desigualdad social y se manifiestan en diversos ámbitos del desarrollo con la limitación a acceso a oportunidades que son su derecho.

Un estudio presentado por el INEGI basado en los resultados de la Encuesta Intercensal y la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS), se expusieron los niveles de racismo o discriminación que existen en nuestro país, dónde el 55% de la población reconoce que insulta a otros solo por su color de piel, y que, entre más oscura es la piel, resulta más difícil salir adelante, también, uno de cada cuatro de los mexicanos señaló sentirse discriminado por su apariencia física y más del 20% dijo no estar dispuesto a vivir con alguien de otra “raza” o con una cultura distinta. En México el racismo se expresa con actitudes en el sentido de que algunos grupos sociales son superiores a otros, el desprecio a lo indígena es generalizado y heredado desde los tiempos de la Colonia y que no solo a modo de bromas o frases, sino en oportunidades económicas, de empleo y desarrollo,

Sin duda el compromiso es amplio para México, urgente de incluirse en las promesas de agenda política al 2018, en una agenda sostenible al 2030 y con visión para la mitad de este siglo (2050), en el que serán los mexicanos mayores de 60 años el grueso de la población. Rediseñar la política social, exitosa en su tiempo, pero hoy paliativa, ante una pobreza paralizada, el lento crecimiento y la inequitativa distribución de la riqueza.