Porqué no debemos olvidar…

Por: Juan Danell Sánchez

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Otro día con ese Sol desabrido que se mete en la ciudad, en la vida, y no logra calentar las conciencias, pero quema las entrañas. Ahora quisiéramos ver una tormenta en el horizonte, un halo, cuando menos, de coraje, conciencia y decisión de la sociedad, del pueblo, ante toda la inmundicia de corrupción, complicidades, simulación, inconsistencia y apatía que sacó a flote una tragedia impredecible, pero permanente en la que la historia se repite: 19 de septiembre de 1985-19 de septiembre de 2017, un sismo, 8.1 y 7.1 grados Richter -respectivamente-, destrozó la capital del país.

La Ciudad de México se desmorona, literal, poco a poco y no sólo como consecuencia de la hecatombe, sino de lo que ésta vino a reafirmar. El temblor no sólo colapsó edificios y sacudió el subsuelo fangoso de la capital del país, que todos sabemos desde siempre que así es por estar en una zona lacustre. Este movimiento telúrico exhibió la parte más vergonzosa y aberrante que hiere la dignidad humana, que ofende la inteligencia y destroza el espíritu, en eso hemos caído los mexicanos: hacer caso omiso y adoptar una actitud apática y hasta complaciente ante la corrupción que ha permeado impune la estructura de México, ante la indolencia hermanada con la apatía frente a la desmedida e irracional ambición de enriquecimiento fácil de gobernantes y empresarios.

Son los fenómenos naturales y antropogénicos los que vienen a refrescarnos la memoria de lo que no queremos ver. Sacan a la luz lo que, en México, como sociedad amodorrada, conformista, enajenada, esnobista, inconsciente, mantenemos en la oscuridad por nuestra corta memoria histórica y por nuestra ignorancia y falta de valor para hacer del reclamo de la realidad inmediata, vigente, palpable, conciencia de clase. Prevalecen los intereses individuales, sectarios y elitistas por sobre el interés colectivo que apunta a lograr el bien común, un cambio en la estructura y superestructura de México, que acabe con la corrupción y la acumulación de la riqueza que detentan unos pocos hombres de negocios, como ellos mismos se hacen llamar.

El sismo de 1985 fue la peor experiencia que pudiera vivir el pueblo mexicano, y la misma humanidad, porque aplastó decenas de miles de seres humanos, y aunque el Gobierno mexicano nunca lo reconoció, más lo minimizó en las estadísticas en menos de 40 mil.

En esas tragedias, por primera vez en la historia de México afloró descarnada la realidad de la corrupción. Los peritajes realizados en las edificaciones que se colapsaron, expuestos de manera conservadora ante los medios de comunicación, revelaron que en las construcciones derruidas los materiales utilizados y las normas de construcción no correspondían a los que marcaba el reglamento en esa materia, y la justificación de las autoridades locales y federales fue que “ese era el riesgo de una ciudad construida en un suelo fangoso”. Y se dieron todas las explicaciones habidas y por haber salidas de la imaginación de las autoridades para salvar la imagen del Gobierno y tapar, borrar, que el colapso no fue por el sismo, sino por la corrupción en los procedimientos y otorgamiento de licencias de construcción.

Es de voz en cuello que los funcionarios locales y federales cobran un diezmo por otorgar y aprobar proyectos y licencias de construcción o de apertura de negocios y empresas. Y esa cuota se traduce en eso, en un 10% del valor de la operación que se quiere realizar en la ventanilla o en la licitación para obra pública, y en ocasiones es mayor. Los empresarios no están dispuestos a perder ese porcentaje en su ganancia, por lo que traducen ese “gasto” en reducción de costos de producción y calidad de materiales, en lugar de tres ocupan dos para compensar el diezmo o “mordida” como se le conoce a dicha operación, porque finalmente es “morder” una parte de los presupuestos para allanar el camino de la tramitología burocrática.

En marzo del presente año, Jesús Padilla Zenteno, presidente de Coparmex-CDMX denunció que “la corrupción le cuesta al país 10% del PIB y lo lastima con empleos mal pagados, bajísimos niveles de educación y de competitividad…” porcentaje que equivale a 1.8 billones de pesos, y aunque la cantidad es escalofriante, el empresario no reparó en dos situaciones fundamentales: el costo en vidas de esos actos deshonestos y que la corrupción existe porque tiene dos actores en complacencia, el que pide y el que da.

El resultado de esas transacciones hoy las tenemos a la vista, como en 1985, edificios que se desplomaron por la mala calidad de los materiales, deficiencia en la construcción y la complacencia e inoperatividad de las autoridades en su construcción. El costo en vidas es invaluable, inadmisible, una o mil no tendrían por qué ser.

Y aquí vale citar la lógica urbanística del Gobierno, que finalmente termina en desgracia para la sociedad y el país.

De acuerdo con información de la página en Internet de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) existe una explicación que reproducimos textual, para evitar confusiones:

“Durante años, el gobierno mexicano se concentró en subvencionar la construcción de vivienda de interés social, tanto con apoyo por el lado de los compradores, como a los desarrolladores de vivienda. Sin embargo, los proyectos de vivienda a gran escala fueron tomando forma en las zonas periféricas alrededor de la Ciudad de México y en diversas zonas metropolitanas importantes (Guadalajara y Monterrey), donde la tierra era más fácil y más barata de adquirir. Muchos compradores se mostraron reacios a moverse hacia las áreas conurbadas, los nuevos propietarios también se quejaron por la baja calidad en la prestación de servicios públicos, incluyendo elementos esenciales como abastecimiento de agua y electricidad en algunos de los nuevos desarrollos de vivienda. Muchas casas nuevas terminaron siendo abandonadas, y el apoyo gubernamental para la construcción vertical en contraposición a la casa familiar, redujo aún más el valor de los nuevos desarrollos en las afueras de la ciudad.

“Después de que los adquirientes de vivienda comenzaron a abandonar sus casas, construidas en lugares demasiado alejados de sus centros de trabajo, en las afueras de la Ciudad de México, el gobierno cambió el sentido de entrega de subsidios para la construcción de viviendas hacia la construcción vertical en zonas más cercanas de los cascos urbanos centrales. El resultado fue que tres de las desarrolladoras de viviendas de bajos ingresos del país -Urbi, Homex y GEO – se declararon en quiebra.

“Desde que la construcción de viviendas con el modelo anterior comenzó a mostrar signos de insuficiencia, las autoridades han tratado de reactivar el sector. A finales de 2014, se estableció una nueva política de vivienda. El gobierno apoyó con subsidios frescos para desarrollar nuevos desarrollos de vivienda de bajos ingresos, pero en las partes centrales de Ciudad de México y de otras ciudades en el país.

“El cambio principal en la estrategia se ha basado en redireccionar la política de vivienda para centrarse más en la calidad que en la cantidad. Para lograr esto, se han implementado una serie de medidas que están siendo aplicadas por distintos gobiernos estatales, municipales e instituciones y dependencias que participan en el desarrollo de sector.

“Una importante acción fue aumentar el monto del crédito que puede solicitar el trabajador al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), con un límite superior de hasta 850 mil pesos. Asimismo, el crédito ahora se expresa en pesos, en comparación con múltiplos al salario mínimo, que era la medida que se utilizaba previamente. Este cambio permite que tanto adquiriente de vivienda y el INFONAVIT obtengan mejores condiciones de crédito en los mercados financieros.

“Además de estas medidas, el sector será impulsado por un importante incremento de inversión privada. La relevancia de la inversión privada en la construcción ha pasado de 49% en 1993, al 75% en 2015. Se trata de un cambio considerable en el mercado atribuido a los efectos positivos que la liberalización progresiva de la economía mexicana y el aumento que la participación internacional ha tenido en el sector. Además, muestra un mayor nivel en la capacidad de recuperación, que se espera para proteger al sector de los impactos negativos que puedan surgir por la disminución de los recursos para la inversión física presupuestaria”.

Además del beneficio que obtienen las empresas constructoras que se decidieron por la edificación vertical, pues en el caso de la Ciudad de México la entrega de subsidios para la construcción de vivienda se reorientó a ese concepto; para los gobiernos locales ese prototipo significa una mayor recaudación por concepto de impuesto predial. Una simple operación aritmética multiplica los ingresos fiscales por el número de predios que se puedan edificar en un terreno de equis superficie.

En la información de la CMIC se da cuenta del Ranking de las cien empresas constructoras más importantes que operan en México, que sólo en edificación (construcción de edificios) en el primer semestre de 2016 significó 70% del Producto Interno Bruto del sector, con un monto de 926 mil millones de pesos, porcentaje y suma señalado por esta Cámara como la mayor participación en los siete últimos años.

En ese listado, los cinco primeros sitios corresponden a Grupo ACS, con ventas por 1,544 millones de dólares (mdd), seguido por Empresa ICA, con 1,092mdd; OHL México, con 1,011mdd (por cierto, esta empresa escaló dos lugares, pasó del quinto lugar en 2015 al tercero en 2016); Carso Infraestructura y Construcción, 991mdd, e IDEAL con 840mdd.

En la misma información, se precisa que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), “al mes de mayo de 2016 la rama que mayor valor aportó al subsector edificación fue la construcción de edificios industriales, comerciales y de servicios, generando 48% del valor de la obra producida en el periodo enero-mayo de este año, seguido por la construcción de vivienda con 42%”.

En suma, se afirma en el documento, que en los últimos cuatro años la edificación (construir edificios) se convirtió en el motor del crecimiento del sector construcción, con un crecimiento de 2.6% anual, promedio. De que es negocio, es negocio.

Y en ese impulso y arropamiento de las autoridades locales y federales de la industria de la construcción se perdió de vista, así se percibe por el colapso de edificaciones con el temblor del 19 de septiembre, que México y en especial la capital del país que es altamente sísmica.

Las estadísticas reportadas por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), a partir de 1990 demuestran una creciente y alarmante actividad telúrica en el territorio nacional, puesto que en ese año se registraron 796 sismos, mientras que en 2016 la cifra fue de 15 mil 281, es decir, la actividad sísmica aumentó 1,919% en 26 años.

Y hay que precisar que, de acuerdo con esas estadísticas, en los años de jauja de la industria de la construcción, de 2014 a 2016, que es cuando impulsaron el construir edificios, el registro de sismos se duplicó, de 7,607 pasó a 15,281, concentrando la mayor cantidad de éstos (14,761) en una magnitud de entre 3 y 5.9 grados Richter.

Pero toda esta información pasó de noche para las autoridades federales y locales, las ventanillas de permisos de construcción trabajaron al vapor ausentes de honestidad, indolentes, movidas sólo por la ambición de enriquecimiento fácil, sólo de esa forma se puede explicar que edificios construidos unos meses antes del sismo del 19 de septiembre se hayan desplomado y cientos, posiblemente miles, de edificaciones hayan quedado dañadas al grado de tener que ser demolidas.

Cómo es posible que una persona neófita en materia de protección civil, Luis Felipe Puente Espinosa, sea Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, cuando carece, además, de un título profesional que lo acredite como capaz para desempeñar ese cargo. En el Registro Nacional de Profesionistas no existe y ya en diversos medios de comunicación se ha señalado que su nivel máximo de estudios es una carrera técnica en Administración de Empresas Turísticas, y que, de acuerdo con el portal de Obligaciones de Transparencia, tiene un salario en percepciones brutas de 162,872.32 pesos mensuales, que se define por un sueldo base ordinario de 21,068.63 pesos y una compensación garantizada de 141,803.69 pesos.

Corrupción, indolencia, simulación, inconciencia y ambición desmedida forman hoy un coctel que proscribe la esperanza de justicia y un cambio real en beneficio de la sociedad y el país. Lamentable y por eso mismo no debemos olvidar, para poder reconstruir.