Tania Reneaum Panszi, Directora en México de la Amnistía Internacional

Por: Patricio Cortés

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Desafortunadamente en el tema de derechos humanos, México no ha tenido importantes avances, de hecho, más de un organismo internacional ha manifestado su preocupación al respecto y los diagnósticos no han sido favorables al Estado mexicano. Incluso la recién aprobada Ley de Seguridad Interior ha despertado serias preocupaciones a nivel internacional.

Charlamos con Tania Reneaum Panszi, directora en México de Amnistía Internacional, quien ha sido asesora del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de académica e investigadora en prestigiadas instituciones, en la Cámara de Diputados fue Directora del Área de Armonización Legislativa del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.

Nos da su diagnóstico de la situación de los derechos humanos en nuestro país: “Creo que terminamos el año con muy malas perspectivas, primero de un año que es el más violento de México en décadas, vivir en una situación de violencia implica una importante ausencia del Estado en espacios donde tendría que garantizar seguridad y bienestar. Dentro de este contexto, tenemos datos alarmantes: siete periodistas asesinados este año, siete mujeres que son asesinadas diariamente en nuestro país y otros elementos como el número de quejas al momento ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Terminamos un año con un enorme desafío de cara al 2018, que además es año electoral”.

Sobre la relación entre Amnistía Internacional y el gobierno mexicano, externa: “Es una relación dual, donde tenemos importantes espacios de interlocución, pero al momento de ejecutar acciones y recomendaciones el Estado a veces es omiso o dilata la realización de resoluciones o recomendaciones. Es importante decir que no es una relación donde no exista el diálogo, pero luego no hay como una segunda parte que le dé continuidad; es decir, hay una brecha entre el diálogo y el cumplimento de obligaciones”.

El tema que más pesa en el ambiente en el momento de la entrevista es por mucho la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que implica legalizar la presencia del Ejército en las calles y les da facultades que vulneran los derechos humanos, de acuerdo a la mayoría de las organizaciones del rubro.

Amnistía Internacional ha calificado la ley como contraria a las obligaciones del país bajo el derecho internacional: “Nos preocupa enormemente que su implementación, sin duda alguna, no hará más que aumentar la larga lista de violaciones graves a los derechos humanos en México, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas”.

“Asimismo, la ley no contiene mecanismos efectivos de supervisión o control del trabajo de las fuerzas armadas y, en particular, no asegura que estén subordinadas y bajo el comando de las autoridades civiles. Conforme esta ley, las fuerzas armadas guiarían sus propias operaciones e incluso coordinarían a policías en un peligroso sometimiento de las fuerzas civiles a las militares”, afirma el organismo.

Tania Reneaum añade: “No solamente es importante hablar de la aprobación de una ley sino del contexto de la aprobación, cuando varias organizaciones de derechos humanos le solicitaron al Estado mexicano que ratificará en la aprobación de esta norma jurídica; incluso la Organización de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos humano le pidieron al Estado mexicano que revisara los términos del proyecto de ley y que, tal cual estaba, no se aprobara”.

“Hay que recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2015 dio su recomendación para el Estado mexicano que consistía en quitar al Ejército de manera progresiva del espacio público en tareas de seguridad, hacer un plan para ello y posteriormente fortalecer los cuerpos policiacos. A casi tres años no hemos visto ninguna de estas recomendaciones implementadas, por el contrario, se ha optado por regularizar a las fuerzas armadas en los espacios públicos y haciendo funciones de seguridad pública. Esto nos preocupa en Amnistía porque las organizaciones de la sociedad civil hemos comprobado la frecuencia con la que se violan derechos humanos cuando hay presencia del Ejército y damos entender por estas violaciones cosas muy concretas, tales como detenciones arbitrarias o violencias sexuales hacia las mujeres”.

“Estos elementos nos pueden dar cuenta que mientras la sociedad civil le ofrecía materia o datos científicos a la legislatura, ya sea a la Cámara de Diputados o a la de Senadores, nunca nos comentaron las razones por las cuales se estaba legislando de esa manera. Lo único que se decía era, ‘bueno, necesitamos una ley porque no tenemos policías capacitados, por eso necesitamos que el ejército esté en las calles’. Pero hoy, lo que nos damos cuenta, que no es que no tenemos policías capacitados, que esa es una cuestión que hemos documentado en los últimos 20 años, sino que el Estado nunca ha hecho ninguna tarea específica para capacitar a cuerpos policiales y no estar en estos momentos discutiendo si el Ejército tiene que estar o no en las calles”.

Sobre los espacios en el Congreso acota: “Nosotros junto con otras organizaciones tuvimos un espacio, no para dialogar sino para mostrar nuestras preocupaciones a la comisiones que estaban dictaminando la ley, claramente todas las organizaciones se manifestaron contra la aprobación de la ley tal como la plantearon”.

Pregunto a qué atribuye que optemos por una ley así, cuando México ha sido muy crítico en cuanto a la situación de los derechos humanos en países como Venezuela, nuestra entrevistada contesta: “Sí, creo hay varias respuestas a esa pregunta y una de ellas es que el Estado mexicano, durante treinta años, no hizo las inversiones que tenía que hacer para fortalecer a las policías locales. La explicación es ‘no podemos estar en un país donde los policías estén coludidos con el crimen organizado, manteniendo relaciones de seguridad pública con cuerpos no capacitados’, pero en lugar de invertir en las policías, se ha optado por una política sumamente dura que implica una presencia fuerte militar en el país”.

 

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Panorama de los Derechos Humanos en el Mundo

2017 fue un año terrible para los derechos humanos marcado por una manipulación venenosa y divisiva de la política de identidad por los políticos que hicieron uso cínico del “nosotros contra ellos” y narraciones de culpa, odio y miedo para presionar los botones correctos para ganar votos. Si nuestros gobiernos continúan usando la política de demonización y descaradamente piden límites a la libertad cívica, la igualdad, la privacidad y otros derechos humanos, las consecuencias podrían ser devastadoras.

Fuente: Amnistía Internacional

 

Panorama General DDHH en México

– Estamos enfrentando una de las peores crisis de derechos humanos y justicia en México, enfrentándonos a amenazas como la violencia generalizada, ataques constantes contra defensores de Derechos humanos y la violencia endémica contra las mujeres, mientras peleamos también por asegurar la protección de las personas en movimiento en el país cuyas vidas están en riesgo por la retórica de odio que tiene grandes consecuencias para las personas mexicanas.

– Diez años después del inicio de la denominada “guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada”, se sigue empleando personal militar en operaciones de seguridad pública, y la violencia en el país continúa siendo generalizada.

– La violencia contra las mujeres y las niñas siguen siendo endémica. La falta de datos precisos, actualizados y desglosados sobre violencia de género constituyen un importante obstáculo para abordar el problema.

– Actualmente se encuentran activadas 7 alertas de género (Estado de México, Michoacán, Morelos, Jalisco, Chiapas, Nuevo León y Veracruz), en Sinaloa próximamente se decretará. De 2008 al 2017 se han solicitado en 23 entidades.

– Continúan las amenazas, el hostigamiento, la intimidación, las agresiones y los homicidios contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, sin que el mecanismo federal de protección brindara seguridad adecuada a estas personas.

Fuente: Amnistía Internacional