Con las aguas al cuello

Por: Juan Danell Sánchez

reportep_sep_01Ahora que se habla de incluir en la agenda nacional el tema de la reforestación de la Selva Lacandona devastada por décadas a manos de empresas madereras nacionales y extranjeras en detrimento del hábitat y de las comunidades indígenas de la región chiapaneca, no estaría por demás que también se le diera prioridad en ese nivel de importancia a las demandas de los pueblos de ahí mismo y aledaños, que se verán afectados por la Reforma Energética, que advierten que no permitirán el establecimiento de las industrias del ramo en sus territorios.

Lo plantean así, porque se trata de una problemática histórica, en la que las comunidades indígenas se han visto despojadas de sus riquezas naturales, invadidas en sus tierras, hostigadas y reprimidas por oponerse a la depredación ecológica que implican actividades como la minería, desarrollos hidroeléctricos y petroleros.

En los días corrientes, organizaciones de campesinos e indígenas se han movilizado con manifestaciones callejeras y foros a los que invitaron a organismos internacionales, para denunciar la circunstancia actual que se vive en la región a consecuencia de la implementación de dicha reforma. No es cosa menor porque revelan que el Estado y las empresas del sector energético se dieron a la tarea de insertar, en las comunidades donde pretenden establecer sus industrias, grupos o células de la llamada delincuencia organizada, para someterlas a esos intereses.

De esto dieron cuentas representantes de los pueblos afectados de Puebla, Chiapas, Nayarit, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Estado de México y Michoacán, al Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento que preside Natasha Lycia Ora Bannan.

De los casos expuestos al Tribunal destacan la oposición al proyecto de la línea de electricidad de alta tensión en Cuetzalan del Progreso y la criminalización que se ha hecho de los opositores, pues en aquella comunidad se lucha para que no se instale este proyecto de la Comisión Federal de Electricidad que permitiría la instalación de la industria minera y petrolera, que afectaría a 168 comunidades indígenas.

La resistencia del pueblo Zoque, Chiapas, a la extracción de petróleo en el municipio de Francisco León, Chiapas “donde la Secretaría de Energía, la Procuraduría Agraria y Semarnat están coludidas para acelerar su proyecto en el marco de la Reforma Energética que afectan 84,500 hectáreas”, es otro caso.

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Ahí, los zoques han conformado un movimiento de resistencia que involucra 14 municipios y 114 mil hectáreas en las cuales, además del proyecto citado, se pretenden instalar mineras en 70 mil hectáreas, geotérmicas en 15 mil hectáreas y pozos petroleros en 84 mil 500 hectáreas.

Está, también, la defensa legal en Nayarit, respecto a la construcción de una autopista que afecta a la comunidad Cora, desde hace más de 10 años y a la fecha no ha sido indemnizada. Se trata de 30 núcleos agrarios con 100 familias y una población de 15 mil ejidatarios, comuneros e indígenas.

En números anteriores de PERSONAE ya se ha documentado sobre esta problemática en los diferentes estados del país y las magnitudes de ésta. Para los gobiernos, en su lenguaje burocrático, debieran ser focos rojos que se deben atender de inmediato, por las consecuencias que de ellos pudieran derivarse. Para la sociedad, que hoy pende de la esperanza que alentó en las elecciones de julio, tendría que ser una exigencia de atención objetiva y expedita por parte de los gobernantes a las demandas indígenas. Para el país debiera ser un acto de conciencia en pro de la justicia que fuera mucho más allá de los intereses del capital, de las empresas, a favor de la vida y armonía con la naturaleza.

Y no es predicar en el desierto, en esta frecuencia están organismos como el Banco Mundial, cuyo presidente Jim Yong Kim afirmó en días pasados que “los gobiernos llevan mucho tiempo invirtiendo en el crecimiento económico, concentrándose en el capital físico como carreteras, puentes, aeropuertos y otras obras de infraestructura. Sin embargo, han invertido poco en su gente, en parte porque los beneficios de dichas inversiones han sido mucho menores y más difíciles de medir”.

Vaya, el Estado mexicano, como muchos otros del mundo, se ha enfocado exclusivamente a favorecer la acumulación de la riqueza en muy pocas manos. Ha inclinado la balanza hacia el fortalecimiento y desarrollo del capital privado en detrimento y empobrecimiento de la sociedad, la depredación de sus recursos naturales y el abandono de los proyectos de nación que realmente signifiquen el desarrollo humano, económico, político y social de manera integral del pueblo en su conjunto.

Y esto no es un reto sexenal, es la omisión en la que incurren los gobiernos por intereses tácitos en la relación Estado-capital. México se ahoga en esas aguas.