De qué lado masca la iguana

Por: Juan Danell Sánchez

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Cómo se podría contar esta historia en el breve espacio de las páginas en papel couché, sin pecar por omisión de lo que la realidad denuncia franca, sin cortapisas. Un pequeño grupo de empresas, cinco visibles de firmas trasnacionales, están por arrebatar la vida, la felicidad ancestral y armonía con la naturaleza de las comunidades de la Sierra Norte de Puebla. Y las autoridades estatales y federales complacientes con ellas.

Comunidades totonacas de San Mateo Tlacotepec, Altica y San Felipe Tepatlán, pertenecientes a los municipios de Ahuacatlán y de San Felipe Tepatlán, en la Sierra Norte de Puebla, denunciaron en días recientes, las irregularidades en el proceso judicial sobre el Proyecto Hidroeléctrico Puebla.

En la demanda se precisa: “La beneficiaria del Proyecto es la empresa Deselec 1, perteneciente al grupo Comexhidro, a quien le fue autorizado el aprovechamiento de 350 millones de m3 anuales de aguas superficiales, lo que representa 11 mil litros por segundo del Río Ajajalpan. De acuerdo con el permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la energía a generarse deberá destinarse exclusivamente a la satisfacción de las necesidades de autoabastecimiento de los socios de Deselec 1, entre ellos Nueva Wal-Mart de México, Waldo’s Dollar Mart de México, Operadora Vips y Suburbia”.

De qué se trata:

El Proyecto está conformado por las presas de Ahuacoya y Zoquiapa. La presa Ahuacoya tendrá una cortina de 45 metros de altura, con una capacidad total de generación de 60MW. Por sus características de gran hidroeléctrica, tendrá impactos en el medio ambiente, como la remoción de vegetación forestal, desvío del río, compactación de suelo, disminución en la calidad del agua, erosión río abajo, destrucción y reducción del hábitat de especies y de los ecosistemas ribereños, aislamiento de las poblaciones de peces por efecto barrera, entre otros. Esto lo precisan en un documento los representantes de dichas comunidades, en el que piden la cancelación del proyecto, por las afectaciones que causará a la ecología y hábitat de esa región. Además, de acuerdo con el INAH, el Proyecto comprende sitios arqueológicos en su área de afectación. 

Esta historia inicia en 2009 con la emisión de permisos federales para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, que está conformado por dos presas Ahuacoya y Zoquiapa; la presa Ahuacoya tendrá una cortina de 45 metros de altura, con una capacidad total de generación de 60MW. Se trata de una gran hidroeléctrica

Ante esto, el 4 de abril de 2016 las comunidades interpusieron una demanda de amparo en contra de las autoridades de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) – por haber otorgado un cúmulo de permisos que dan origen a dicho proyecto. 

“En el juicio de amparo se reclama a las autoridades haber violado las obligaciones que le impone el marco internacional de derechos humanos, por no haber realizado de manera previa, libre e informada, un proceso de consulta y consentimiento indígena; haber violado el derecho a la tierra y al territorio, a la libre determinación, al medio ambiente sano, al agua, y no haber realizado un estudio de los posibles impactos sociales que el proyecto podría ocasionar”. 

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“Además, se demanda la inconvencionalidad de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), porque la Manifestación de Impacto Ambiental y su Resolutivo no cumplen con la obligación del Estado y estándares internacionales en materia de estudios de impacto tratándose de proyectos de inversión en pueblos indígenas, derivados del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo que, las comunidades piden la cancelación de los permisos”, precisa el documento.

El defender las riquezas naturales de su región y propugnar el respeto a sus derechos constitucionales y humanos ha significado para los habitantes de esa parte de la Sierra Norte de Puebla, ser objeto de persecución y hostigamiento.

 El 11 de julio de 2019, se realizó la Audiencia Constitucional del Juicio, de la que las comunidades esperaban que la sentencia fuera para reconocer la vulneración de sus derechos, así como para ordenar la restitución de éstos mediante la puntual cancelación de los permisos que dan lugar al Proyecto.

El 10 de octubre, el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales en el estado de Puebla dictó sentencia, negando el amparo interpuesto en 2016 por 1,096 integrantes de tres comunidades totonacas de la Sierra Norte de Puebla –acompañados por el Consejo Tiyat Tlali y por Fundar-, en contra del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 (PHP1) que pretende implementarse en los Municipios de San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya, de esa región. Como se dice en el argot de los abogados: “les dieron palo” a los indígenas, una vez más en la historia de este país.

La realidad de México en este tema es que en el territorio nacional existen cinco mil 163 presas y bordos con una capacidad de almacenamiento de 150 mil millones de metros cúbicos. De la que 3.5% equivale a 181 presas, contienen 80% del volumen total almacenado en México, poco más de 103 mil millones de metros cúbicos.

Respecto para qué sirven, información de la Conagua cita que la principal función de las presas es la generación de energía eléctrica; en menor medida se utilizan para actividades agrícolas, sobre todo en el norte del país. Un dato que da idea de lo que significa esto es que en 2014 las plantas hidroeléctricas emplearon un volumen de agua de 133.018 millones de metros cúbicos, lo que permitió generar 37.5 TWh de energía eléctrica, que corresponde al 14.9% del total nacional.