REPORTE POLÍTICO

Proverbial el dicharachero dicta que no muere el que agoniza, sino al que le toca, y los contestatarios refraneros responden con aguda suspicacia: “por eso mismo no hay que ponerse en el tocadero”. Pero más allá de agonizar y de alejarse del tocadero, está la destemplanza de la realidad cotidiana que alimenta y documenta una triste historia nacional en ese debate entre la vida y la muerte por enfermedad y que es materia prima para la atención de la salud pública, en aras de evitar lo que algunos estadistas llaman muertes innecesarias causadas por padecimientos previsibles, curables y tratables.

En ese terreno los caminos para prevenir y atender esos males están en el dominio de los Estados y gobiernos, responsables éstos de diseñar y estructurar políticas públicas, programas y acciones que lleven al mejor destino posible la salud de la sociedad.

Ellos son quienes tienen en sus manos la administración y facultad para operar los recursos económicos, financieros, legales y materiales para enfrentar retos y contingencias en esta materia, con el objetivo de brindar una mejor calidad de vida a la población en general.

Y es precisamente en este tema que se prenden focos rojos -preocupantes- para México.

En la edición de 2023 de Health at a Glance de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en las mediciones que realiza sobre el tema precisa: “El gasto promedio per cápita en salud en los países de la OCDE alcanzó casi 5,000 dólares en 2022. Estados Unidos fue el país que más gastó en salud con 12,555 dólares per cápita, seguido de Suiza con 8,049 y Alemania con 8,011 dólares. Se estima que el gasto per cápita en salud fue más bajo en México, Colombia y Costa Rica, con un monto de 1,181, 1,640 y 1,658 dólares, respectivamente”.

De tal manera que México es el último en la lista y está muy lejos del promedio global, ya no se diga de los países con los que el Gobierno se ha querido equiparar en materia de atención de la salud pública. Y cada vez se excluye más, pues no da señales de querer corregir el camino, puesto que el presupuesto destinado al sector salud para 2024 será menor en alrededor de 50%, respecto al que se le asignó en 2023: las cifras revelan un monto de 99,990 millones de pesos para el próximo año, contra 219,658 millones de pesos destinados en el que está por terminar.

A eso se suma que mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala como aceptable la existencia 2.5 camas de hospital por cada mil habitantes, en México el promedio oscila, según datos de la Secretaría de Salud, entre una y 1.7 por cada mil habitantes, que se traducen en 126,261 camas hospitalarias en todo el país, para una población de 130 millones de personas.

Y los retos que enfrenta el sistema de salud pública se centran en la lentitud del servicio con 44%, la programación de cirugías 47% y terapias disponibles 43%, no obstante, al tener una infraestructura para la atención de pacientes de 22,640 unidades médicas públicas y 10,605 privadas.

En estimaciones de la OCDE a nivel de los países que la conforman, señalan que “los ataques cardíacos, los accidentes cerebrovasculares y otras enfermedades circulatorias causaron más de una de cada cuatro muertes en 2021, mientras que el COVID-19 causó el 7% de todas las muertes. Casi un tercio de todas las muertes podrían haberse evitado mediante intervenciones de prevención y atención sanitaria más eficaces y oportunas”.

También advierte que “el personal sanitario y social sigue creciendo, pero la preocupación por la escasez es cada vez más acuciante. El envejecimiento de la población está aumentando la demanda de trabajadores sanitarios y de cuidados de larga duración. Al mismo tiempo, el empeoramiento de las condiciones de trabajo ha debilitado el atractivo de las profesiones sanitarias. En los países de la OCDE, el 57% de los médicos y enfermeras de hospitales perciben que los niveles de personal y el ritmo de trabajo son inseguros”. México es miembro de la OCDE  desde el 18 de mayo de 1994.

En este tenor, el Banco Mundial ha puntualizado en varias ocasiones la necesidad, urgencia, de que los gobiernos destinen mayores inversiones a la atención de la salud pública y amplíen su infraestructura en este sector, toda vez que advierte la posibilidad nada remota de una nueva pandemia, pero sobre todo, según el criterio de estos organismos internacionales, porque la deficiencia en la atención de la salud pública repercute en una menor productividad y rendimiento de la masa trabajadora, situación que se refleja en crisis económicas de las empresas y los Estados.

Para la sociedad las deficiencias y carencias en la prestación de los servicios de salud pública va mucho más allá de esas contrariedades económicas que ponen en riesgo las tasas de ganancia de las empresas: para la gente que conforma ese sector social que depende de la atención que prestan las instituciones médicas gubernamentales, la preocupación fundamental es que les va la vida en esas deficiencias.

Tales carencias se traducen en el sufrimiento de las personas de carne y sangre, que conforman la masa trabajadora y que se ven imposibilitadas para pagar el servicio de la medicina privada. Viene a la memoria la imagen erguida de Rutilia La Molendera, allá por los primeros años del presente siglo, que caminaba cuestas y cañadas en la Sierra de Zongolica, Veracruz,  para ganarse la vida, unos pocos pesos y a veces pago en especie, en comida, con la molienda de nixtamal en el metate y hacer tortillas a mano en casas ajenas, y que vio morir a su hermano Antonio al que le pegó una enfermedad rara, vómito y diarrea le secaron el cuerpo, y que no pudieron curar los remedios tradicionales, y ella no tuvo veinte pesos para la consulta con un médico. Después de todo en esta sociedad moderna, digitalizada, la vida y la muerte se reducen a estadísticas, simples números.