OPACO BRILLO DEL ORO

Del surrealismo al país de las desigualdades profundas como abismos oceánicos, no hay trecho que recorrer; coexisten como la yema y clara del huevo de la serpiente. Así México, en esta parábola indignante acentuada por el neoliberalismo, esa corriente de pensamiento económico impuesto durante los 44 años más recientes de la historia global.

Se dice que el oro es el Rey de los metales por su valor intrínseco muy superior al de los otros minerales, pero también se pudiera citar que no todo lo que brilla bajo el Sol es oro. Resulta que México se coloca entre los seis países más importantes productores auríferos en el mundo de la minería: en promedio se extrae alrededor de 80 toneladas anuales de oro de las entrañas del territorio mexicano, con un valor que ronda los 8,500 millones de dólares equivalentes a más de 170 mil millones de pesos, que son parte de los 496 mil millones de pesos que es el valor de ese sector productivo.

Sin duda un panorama prometedor y hasta alentador saber de esas riquezas que aún existen en tierras nacionales, aunque nada esperanzadoras de que esos yacimientos del metal precioso en algún momento contribuirán para abatir la pobreza de los pueblos originalmente dueños de las tierras de donde se extrae el mineral. Bien se puede decir que han transcurrido más de cinco siglos de que se inició la práctica minera de extracción de oro en México, y el calendario se come las fechas, consume el tiempo, pero la contradicción socioeconómica de esas regiones persiste inmutable: la concentración de la riqueza por las empresas mineras es tan grande como la miseria de los parroquianos, distinguidos en la jerarquía social por ser ejidatarios y comuneros con sus tierras ocupadas y explotadas por mineras mayormente extranjeras.

El 74% de las concesiones mineras de México son propiedad de empresas canadienses, entre las que destacan Grupo México, Industrias Peñoles, Fresnillo PLC, Torex Gold, Newmont, Southern Silver Exploration, Ganfeng Lithium, Fortuna Silver Mines, Blackfire Exploration, Alamos Gold, Aurcana Corporation, Hochschild Mining y Excellon Resources.

Respecto al valor del sector, al final del segundo semestre 2019 el grupo de los metales preciosos repuntó, generando que el valor de la producción de este grupo de metales alcanzara un total de 142 mil 224.8 millones de pesos, un incremento de 42.5% con relación al año anterior. El oro se mantuvo como el principal producto de la industria minero-metalúrgica nacional, alcanzando una participación de 31.2% en el valor total de la producción, seguido del cobre, con un 23.5% y la plata, con 19.3%. Valor total de la minería 2020: 495,816’421,294 pesos; valor del oro: 171,922’425,685 pesos.

Y ¿Cómo se han otorgado las concesiones mineras? Hasta el día de hoy no se ha realizado ninguna consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada para obtener el consentimiento de las comunidades para la asignación de una concesión minera, lo que representa una violación flagrante a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades equiparables. De acuerdo con la investigación cartográfica realizada por el CCMSS entre 2020 y 2021, había por lo menos 147 proyectos de minería metálica operando sobre territorios ejidales o comunales coincidiendo dónde ellos realizan actividades de manejo y conservación forestal. Asimismo, de los 13,422 ejidos y comunidades agrarias con más 200 hectáreas de bosque o selva, 5,222 (39%) tienen una fracción de su territorio concesionado para la minería. En estos núcleos agrarios hay 12,616 concesiones mineras, lo que representa 48.2% de las concesiones otorgadas en México, 26,142 en total (mayo 2024, Consejo mexicano para la Silvicultura Sostenible)

Se tienen registradas 15,551 concesiones mineras en el país con vigencia posterior a 2050; 639 con vigencia hasta 2068, de entre éstas destaca la de Claudia Noemí Rivas Jasso, en Tenamaxtlán, Jalisco, (233541) por su extensión de 231 mil 556 hectáreas, otorgada el 11 de marzo de 2009, con vencimiento el10 de marzo de 2059 (marzo-2022, Red Nacional de observatorios).

Para llegar a esto, jugó un papel fundamental la Reforma del Artículo 27 Constitucional de 1992, toda vez que posibilitó que un particular pudiera adquirir, rentar o establecer servidumbres de paso en la superficie concesionada a la actividad minera localizadas en tierras de propiedad social. De esta forma, durante el sexenio de Vicente Fox Quezada (2000-2006), la superficie concesionada a la minería fue de ocho millones de hectáreas; en el de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) fueron 12 millones de hectáreas; con Enrique Peña Nieto (2012-2018), se concesionaron 4.1 millones de hectáreas, y para 2019, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) la superficie concesionada a la minería en suma llegó a 36.3 millones de hectáreas.

En Minería en México: panorama social, ambiental y económico (2022), Azamar, Aleida e Isidro Téllez precisan que “entre 2006 y 2018, se extrajeron mil 59 toneladas de oro en México, volumen equivalente a casi seis veces lo extraído en 300 años del periodo colonial”. En el pedestal de las mineras figuran empresarios de los más ricos de México: Carlos Slim, propietario de una participación en la compañía Minera Frisco, y Germán Larrea, llamado ‘el rey del cobre’, dueño de Grupo México. En contraste, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) precisa que 31 por ciento de los habitantes de las zonas donde están las minas de oro viven en pobreza, es decir, uno de cada tres. Mientras, los concesionarios de las minas pagan semestralmente al fisco entre diez y 120 pesos en los primeros diez años de vigencia y 222 pesos a partir del onceavo año, por hectárea que ocupan para sus explotaciones de ejidos y comunidades.

Esto, entre otras causas, ha conllevado a conflictos de las empresas con la población, de tal suerte que se contabilizan al menos 50 de esos problemas en la actualidad en los estados mineros como Oaxaca, Sonora, San Luis Potosí, Baja California, Chiapas, Guerrero, Veracruz, Morelos, Estado de México, Michoacán, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Baja California Sur, Coahuila y Chihuahua.

De ellos uno, particularmente, está en una crisis aguda, de tal forma que el procurador agrario, Víctor Suárez Carrera hizo “un llamado a la empresa minera canadiense Equinox Gold para que se conduzca con estricto apego a las leyes mexicanas y se abstenga de cualquier acción de hostilidad en contra de la organización comunal de Carrizalillo, en el municipio de Eduardo Neri, Guerrero” (06-marzo-2025), donde se ubica la mina de oro que explota esta empresa.

Los derechos de las comunidades agrarias deben ser plenamente garantizados, al igual que los derechos humanos de los comuneros y de la población en general, dijo, y es imperativo que cualquier actividad económica se lleve a cabo en armonía con el bienestar de las comunidades.

El ejido Carrizalillo cuenta con un registro en su padrón de 175 miembros activos, y aproximadamente mil 300 hectáreas, de las cuales el 95% ha sido ocupado en el proyecto minero Los Filos, que ha operado por más de tres décadas al interior de esa comunidad agraria.

 Este proyecto incluye tres procesos de explotación a tajo abierto y dos minas subterráneas, extrajo entre 2021 y 2024, 607 mil 259 onzas de oro (17,215 kilos), que se vendieron a un valor promedio de 1,765 dólares la onza, en suma, más de mil millones de dólares, equivalentes a alrededor de 21 mil millones de pesos, de acuerdo con reportes financieros de la empresa en los que se proyectaba aumentar la producción de oro a 300 mil onzas anuales del metal precioso en 2025.

Esto último está en veremos, puesto que el 31 de marzo de 2025 finaliza la vigencia del convenio actual entre Equinox Gold y la comunidad de Carrizalillo y no han llegado a un acuerdo para renovarlo, al menos al momento de escribir estas líneas. Por esto mismo bien podría aseverarse que quien alucina con el brillo del oro, se puede quedar ciego.