La evolución de los seres humanos y la ciencia en algo están completamente de acuerdo: una alimentación suficiente y equilibrada es la base fundamental para el desarrollo sano y pleno en lo físico, intelectual y bilógico de las personas. De ahí la importancia de que las naciones pugnen por consolidar la autosuficiencia alimentaria, aunque muy pocas puedan decir que la tienen. Un pueblo bien alimentado asegura el crecimiento económico, político y social de un país.

Sin embargo, en este tema existen grandes distorsiones a nivel global, entre producción y distribución de los alimentos, con grandes excedentes que se desperdician; se calcula que cada año 33 por ciento de las cosechas mundiales terminan en la basura por la mala distribución de éstas en el mercado internacional de alimentos, mientras alrededor de dos mil millones de seres humanos padecen hambre.

En México, como hace décadas, ahora se habla de lograr la autosuficiencia alimentaria, fundamentalmente de los cuatro granos básicos: maíz, frijol, trigo y arroz. Esto implica lograr una cosecha, en suma, de los cuatro, de al menos 58 millones de toneladas, en números redondos; 46 millones de toneladas de maíz (blanco y amarillo) 9 millones de trigo, 1.5 millones de frijol y otro tanto igual de arroz.

Y ¿esto es posible de hacerse de un año para otro? Sin duda. Aunque el gobierno, vale aclarar, se planteó un plazo de seis años, es decir, el sexenio completo, como lo hicieron en su oportunidad al menos los últimos ochos presidentes de México. Lo que se requiere es una inyección suficiente de inversión, dada la importancia del tema y blindar esos apoyos de las anquilosadas prácticas corruptas que han permeado la producción del campo y lo mantienen como rehén de la deshonestidad y ambición de los funcionarios públicos relacionados directamente con este sector.

Esto último resulta ser lo que lleve más tiempo en lograrse, puesto que la estructura burocrática literalmente está podrida y así lo ha permitido la propia sociedad que enajenada ya se mueve inmersa en esos corrillos de la dádiva, el soborno y el chantaje como si esas prácticas fueran algo natural y legal en la reproducción socioeconómica y política del país.

En cuanto a la solución financiera para lograr la autosuficiencia alimentaria, no es que de un plumazo en el escritorio se resuelva por arte de magia un problema que tiene décadas, pero lo cierto es que esa imposibilidad se deriva del espíritu corrompido de los gobiernos y, como ya se dijo, de la estructura burocrática que mal administra las riquezas y la producción nacional.

Es precisamente en este punto en el que hablar de una respuesta económica a la problemática alimentaria toma sentido, puesto que lograr una cosecha de 58 millones de toneladas de los cuatros granos básicos requeriría de una inversión directa de 287 mil millones de pesos en ministraciones determinadas por los ciclos agrícolas y la laborares culturales propias de cada uno de los cuatro cultivos, en las que se determinen los apoyos por el volumen de producción, es decir, por tonelada cosechada. Esta suma resulta de los costos de producción por tonelada de los granos (Fira); maíz, 4,500 pesos con rendimiento de 12 toneladas por hectárea y una inversión de 207 mil millones de pesos para autosuficiencia; trigo, 5,000 pesos con rendimiento de 6 toneladas y una inversión de 45 mil millones de pesos; frijol, 18,000 pesos con rendimiento de dos toneladas y una inversión de 27 mil millones de pesos; arroz, 5,194 pesos con rendimiento de diez toneladas y una inversión de 7,791 millones de pesos.

Y es posible hacerlo de un año para otro, por la experiencia acumulada en tantos intentos fallidos anunciados en sexenios anteriores. De hecho, ya se cuenta con un padrón de productores bien depurado por nivel económico, superficie y tipo de propiedad, vocación de la tierra para cultivo, regiones productoras de determinados granos, mecanización, demanda de agroquímicos por productor, niveles de producción y potenciales de productividad por hectárea, mercados, variables postcosecha. Toda esta información bien detallada ya la tienen las dependencias de Gobierno encargadas de la producción del campo; secretarías de Agricultura, de la tenencia de la tierra, Hacienda, Banco de México, Fira, Inegi, vaya toda estructura burocrática.

Ejemplo de lo anterior, el 21 de noviembre de 2023 el INEGI publicó: “La superficie declarada por las y los productores (del campo) fue de 88.2 millones de hectáreas. De estas, 29.8 millones son superficie de uso agrícola; 57.3 millones, superficie de agostadero, pastos naturales, aprovechamiento forestal, enmontada, bosque o selva y 1.1 millones son superficie con construcciones como: habitaciones, bodegas y corrales, así como superficies ensalitradas, erosionadas, entre otros tipos. Estas se encuentran al interior de las unidades de producción.

“Las unidades de producción agropecuaria y forestal sumaron 5’194,342 y su superficie agrícola sumó 29’806,706 hectáreas. Estas se dividen en: 4’ 629,134 unidades de producción agropecuaria activas, con 25’703,081 hectáreas de superficie agrícola; 3,763 unidades de producción forestal activas, con 352,605 hectáreas de superficie agrícola y 561,445 unidades de producción, cuyos terrenos están totalmente en descanso, estos últimos tienen 3’751,090 hectáreas de superficie agrícola. De las 25’703,081 hectáreas de superficie agrícola, 26.0% es de riego y 74.0% es de temporal.”

En la investigación titulada La disponibilidad de alimentos en México: un enfoque para medir la seguridad alimentaria (2024) bajo la autoría de Yadihra Cruz‑Sánchez, Alma Aguilar‑Estrada, Julio Baca‑del Moral y Alejandro Ismael Monterroso‑Rivas, se precisa en las conclusiones que “la disponibilidad de alimentos (en México) no representa un problema en el 90% de los municipios del país. Se observó que las condiciones ambientales y sociales son propicias para la producción de alimentos a partir de la agricultura y la ganadería, y que existen suficientes puntos de venta de alimentos. La demanda calórica y las necesidades proteicas de la población se pueden satisfacer en al menos el 87% de los municipios. Por lo tanto, las condiciones ambientales y sociales son buenas en más del 85% de los municipios. Si la producción y la disponibilidad de alimentos son suficientes, el problema de la inseguridad alimentaria podría deberse a otras causas”.

De todo lo anterior se desprende que a la autosuficiencia de alimentos no se le ha dado la importancia que tiene y no se ha logrado porque no se ha querido invertir de manera responsable, seria y suficiente para obtener las cosechas necesarias que la garanticen de forma permanente. Con remiendos en las políticas públicas y parches financieros la soberanía alimentaria será, como lo ha sido, una mera ilusión de ilustrados.