REPORTE POLÍTICO

México, como país, no como ilusión óptica de patrioterismos trasnochados o radicalismos dogmáticos, hoy enfrenta un absurdo estadístico en el tema más delicado de su historia contemporánea. Y esto se deriva del desacuerdo entre una institución federal, la Secretaría de Salud y el Gobierno de la Ciudad de México, para determinar en qué color del semáforo epidemiológico (de la COVID-19) se encontraba la capital para el periodo del 9 al 22 de agosto. Los federales lo ubicaron en rojo, mientras la gobernante local, Claudia Sheinbaum Pardo, lo mantuvo en naranja.

La instancia federal fundamentó su decisión, por el rojo, en el registro que lleva de contagios, casos activos y número de muertes diarias y semanales por el virus a nivel nacional y estado por estado. En el mismo contexto el Gobierno de la capital del país argumentó lo mismo para mantenerse en color naranja, es decir, menos grave.

“Estamos convencidos de que el semáforo es naranja, pero la última información que tenemos es con base en la información, con datos científicos duros, no es un tema de ocurrencia o de que nada más queramos decir que estamos en naranja”, afirmó la señora Sheinbaum a la revista EXPANSIÓN para tratar de dejar en claro que no existía desacuerdo con la Secretaría de Salud federal.

“Si bien el semáforo es una referencia epidemiológica, a estas alturas, la pandemia requiere de mayores ajustes para adecuarse a las actividades productivas, pues ya no se requiere el cierre de sectores como ocurrió el año pasado, cuando era necesario el auto confinamiento para evitar contagios. Hubo una actualización, a mí me parece que tiene que haber una actualización mayor, en donde pese mucho la cantidad de personas vacunadas que hay en un estado», precisó la jefa de Gobierno en la entrevista que le dio a la publicación mensual.

La declaración en naranja que la Administración de la Ciudad de México hizo, según las propias palabras de Claudia Sheinbaum, fue antes de que les llegara la información federal sobre el avance de la pandemia en el país y la propia capital. Resulta que los números de registros del informe diario que emite la Secretaría de Salud federal sobre contagios y muertes por el virus, tiene un atraso de dos semanas (14 días), por lo que diariamente se difunde información que no corresponde a la realidad del momento en que se da a conocer.

Resulta grave, muy grave, esta situación porque en las decisiones de Gobierno están en juego vidas humanas, si bien existen avances en la vacunación poco más de 20 por ciento de la población total del país, al cierre de este texto, aún falta un gran trecho por recorrer y lo contagios en la llamada tercera ola se elevaron en alrededor de 300 por ciento.

Las diferencias en estas cifras no es cosa menor, y el desface de los reportes de contagios y muertes por COVID tampoco es una problemática exclusiva de México, se ve inclusive en los países industrializados, y con una clara acentuación en las naciones en desarrollo, como la nuestra, y los Estados más pobres del mundo. Lo absurdo del caso es que esto sucede, no obstante, la existencia de herramientas y tecnología digital que puede garantizar registros en tiempo real de la situación de la pandemia a nivel global y local, y con ello los gobiernos puedan tomar las decisiones más oportunas y adecuadas para enfrentar la emergencia sanitaria.

En junio del presente año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó el primer informe mundial sobre inteligencia artificial (IA) aplicada a la salud y seis principios rectores relativos a su concepción y utilización, en el que se precisa que ésta ofrece grandes avances para mejorar la prestación de atención de salud y la medicina en todo el mundo, siempre y cuando la ética y los derechos humanos ocupen un lugar central en su concepción, despliegue y utilización.

El informe Ethics and governance of artificial intelligence for health (Ética y gobernanza de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud), es el resultado de dos años de consultas celebradas por un grupo de expertos internacionales nombrados por la OMS, y como lo dijo el director General de este organismo, Tedros Adhanom “la inteligencia artificial puede utilizarse, lo que ya se está haciendo en algunos países ricos, para mejorar la velocidad y la precisión del diagnóstico y la detección de enfermedades; facilitar la atención clínica; reforzar la investigación en el ámbito de la salud y el desarrollo de medicamentos, y apoyar diversas intervenciones de salud pública, como la vigilancia de la morbilidad, la respuesta a los brotes y la gestión de los sistemas de salud”.

La inteligencia artificial, también, puede permitir que los pacientes tengan un mayor control de su propia atención de salud y comprendan mejor la evolución de sus necesidades. Además, podría facilitar el acceso a los servicios de salud en los países con escasos recursos y las comunidades rurales, donde los enfermos a menudo tienen dificultades para acceder a los agentes de salud o al personal médico, se explica en el documento.

Aquí surge la duda de por qué si existen estas herramientas y tecnologías prevalecen situaciones como la que se cita al inicio de este texto. Y la respuesta bien se puede ubicar en el artículo (publicado en febrero de este año) Cinco herramientas para reducir la corrupción durante la pandemia de COVID-19, escrito por Warren Krafchik, director ejecutivo de International Budget Partnership, y Leslie Lang Tsai, directora de Impacto Social de la Chandler Foundation, en el que precisan que “así como la pandemia mundial ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades de nuestros sistemas sanitarios, económicos y educativos (de la sociedad global), saca también a la luz las deficiencias, los errores y las debilidades en la gestión de las finanzas públicas”.

En todo el mundo, explican en el artículo, los titulares muestran cada vez con mayor claridad que los Gobiernos tienen dificultades para lograr el equilibrio entre dos necesidades encontradas: la rapidez y la integridad.  Diversos informes mencionan contratos secretos para la adquisición de vacunas contra la COVID-19, precios exagerados en los suministros y corrupción en el gasto de los fondos de asistencia.

“Ciertamente, las deficiencias de la gobernanza, la mala gestión de las finanzas públicas y el uso indebido de los fondos y los bienes públicos no son problemas nuevos. Pero la pandemia les ha conferido nueva urgencia. Esto se debe a que las fallas en la gobernanza, lo que incluye el uso indebido y la mala gestión de los fondos destinados a la lucha contra la COVID-19, pueden socavar los esfuerzos de respuesta a la pandemia de tres formas clave, ninguna de las cuales estamos en condiciones de permitirnos en este momento:

1) Los precios exagerados y el uso indebido de fondos, o los fondos que simplemente desaparecen, reducen los escasos recursos disponibles para gastos urgentes y legítimos, como los paquetes de asistencia.

2) Los equipos de baja calidad o las fallas en la prestación de servicios constituyen una amenaza para la seguridad pública.

3) Más importante aún, la mala gestión de los fondos públicos socava la confianza de la población en un momento en que los Gobiernos no pueden darse el lujo de que se erosione. Si los ciudadanos desconfían del Gobierno, por ejemplo, es más probable que un gran número de personas rechace la vacuna, lo que pondría en peligro su eficacia. Y ya se ven indicios de que esto está ocurriendo” precisan Warren y Leslie.

Al final de cuentas los desvaríos, imprecisiones y desface en los tiempos y forma de los informes sobre el registro y estadísticas sobre la evolución y peligrosidad de la pandemia, se reducen a los intereses políticos y financieros individuales de los gobernantes. Vaya, primero el poder y el dinero y después la vida humana: la ignota pandemia.