MARCELA VILLALOBOS ANDRADE

En el reporte anual de Amnistía Internacional sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo, el nombre de nuestro país aparece demasiadas veces, lo cual no es nada bueno. De ello charlamos con Marcela Villalobos Andrade, presidente en México de dicha organización.

Diagnostica: “Hay algunos aciertos, pero desafortunadamente seguimos reportando lo mismo año con año, que tiene que ver con ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violencia contra niñas y mujeres, torturas y otros malos tratos. Temas como la libertad de expresión continúan siendo una constante… Independientemente de los aciertos como sucede con la comisión especializada para la investigación en el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes, también está la ratificación del Acuerdo de Escazú, para la defensa de los derechos ambientales en la región, que, además de esa ratificación, habrá que tener acciones concretas. Las violaciones a los Derechos Humanos siguen siendo una constante, que con la pandemia se evidenció estas desigualdades y fallas estructurales en cuanto acceso a la salud”.

“Tenemos un caso de una persona que era responsable de hacer limpieza en el ISSSTE y fue despedido por pedir condiciones dignas, que era lo mínimo básico para protegerse del virus como un cubrebocas. Si desde el personal sanitario se manifiesta esta preocupación ante el acceso individual de protección para trabajar de manera segura, el panorama es adverso en un país con esas desigualdades”, ejemplifica.

Acota que muchos de estos problemas vienen de años atrás: “Al final no es que sea más grave, las violaciones siguen, lo ideal sería que no existieran las prácticas de tortura ni desaparición forzada, que es gravísimo. El presidente dice que ya no existen las masacres. Nosotras, desafortunadamente, hemos documentado que sigue habiendo estos homicidios ilegítimos como el caso de Giovanny, en Jalisco, y detenciones arbitrarias, en todo el país, a mujeres que protestan”.

“En el caso de desaparición forzada, un acierto es que se instruyó, por decreto, la participación del mecanismo extraordinario de identificación forense como un grupo de trabajo independiente, algo muy importante por la crisis que tiene el país, porque las desapariciones siguen. Al final es un país con más de 80 mil personas desaparecidas históricamente, la mayoría en los últimos 14 años”, expone.

La presencia de militares patrullando las calles, no es vista con buenos ojos por el organismo internacional: “Desafortunadamente, la estrategia sigue siendo la misma, al final es la militarización de la seguridad pública, la estrategia continua. Desde la creación de la Guardia Nacional, veníamos advirtiendo los riesgos que representa la instauración de un cuerpo militar para hacer tareas de seguridad y ahora no sólo está de seguridad pública, sino también ya hay otras tareas que eran netamente civiles que les han dado a los militares, dándoles más poder y recursos”.

“Al final, en la Constitución se decía que iba a ser un cuerpo civil, en su mayoría son fuerzas armadas y si bien tendrían que obedecer a la Secretaria de Seguridad Pública, sabemos que hay un mando militar. Recordemos que en la Constitución se quedó el retiro de las fuerzas armadas para 2024, difícilmente eso va a suceder porque no se están dando las condiciones necesarias para que ello. No se están destinando más recursos a las policías locales para su fortalecimiento. Darle los puertos y aduanas, la construcción del aeropuerto y el tren maya son más tareas, lo cual representa un riesgo, al final, las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por tortura y desaparición, muchas veces, van dirigidas a las fuerzas armadas y va creciendo la militarización de la vida pública del país”, complementa desde el punto de vista jurídico.

Expone que el entrenamiento militar tiene otros fines: “La preparación es distinta, las fuerzas armadas tienen diciplina militar, se ha utilizado esa fuerza letal para combatir, con todo ese lenguaje bélico, al narcotráfico. Lo que hemos documentado es que nunca había habido tantos elementos militares como los hay hora. En cuanto a los derechos de las personas migrantes, la Guardia Nacional ha servido como muro fronterizo”.

En temas de violencia de género, tampoco presentamos buenas cuentas: “El año pasado hubo de tres mil 752 mujeres asesinadas y de las cuales 969 fueron identificadas como feminicidio. Esto da varias alarmas, es un tema mucho más profundo, previo a esta violencia existen otro tipo de violencia, familiar, física. Estamos esperando un plan nacional para prevenir atender y erradicar la violencia contra las mujeres. Otro tema es el recorte del Instituto Nacional de las Mujeres y que no se atiende el tema de manera transversal, es un tema de violencia estructural que es importante atender desde varios enfoques”.

Destaca que hay responsabilidades en varios niveles: “Las autoridades tienen obligación de acción y también responsabilidad por omisión. Hay varios escenarios y al final estamos documentando estas omisiones sistemáticas y lo que vemos, con alarma, es que estos temas que siguen pasando”.

Existe un órgano local y público cuya función se centra en este tema, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por lo que pedimos la opinión de la activista internacional de dicha institución: “Su trabajo es investigar y emitir recomendaciones, que sabemos que no son vinculantes, pero su trabajo es fundamental. La verdad es que nosotras estuvimos un poco en el proceso de ver cómo se formaban los criterios alrededor de la persona titular y sí parecía que eran criterios vanguardistas y, al final, la persona elegida resultaba que no cumplía con esos criterios. Es fundamental tener una Comisión Nacional de Derechos Humanos autónoma, y más en un país en crisis, la necesitamos. Desafortunadamente, en las investigaciones, no hemos visto tanto su actuación y sí se necesita”.

La independencia real de la comisión ha sido puesta en duda por diversas personas y pareciese que nuestra entrevistada también tiene reservas: “La autonomía constitucional está, que las personas que se encargan y trabajan ahí… Pues que cumplan su rol de investigar y emitir estas recomendaciones… Todo el aparato de la comisión tendría que demostrar su autonomía y fortaleza, pero sí nos falta mucho que hacer en cuanto a estas tareas”.

Sobre un acercamiento entre el organismo nacional y el internacional, refiere: “Buscamos un acercamiento, quedamos de tenerlo, llevarlo a cabo, pero al final no se tuvo y ya dejamos de insistir. Lo que hacemos, a donde nos enfocamos, es con las autoridades responsables ante los casos que llevamos, porque recordemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no es un órgano jurisdiccional y no quiero decir que no tenga responsabilidad, pero nuestra relación está más bien enfocada a las autoridades que tienen la obligación de respetar y garantizar Derechos Humanos”.

Reconoce preocupación por el discurso de las mañaneras del presidente: “La demonización es un término que ocupamos para ejemplificar esta narrativa de nosotros contra ellos, del presidente, de ‘van a estar conmigo o contra mí’. Esta demonización es frecuente, ya la hemos visto con diversas organizaciones de la sociedad civil, una de ellas Artículo 19. Es un tema preocupante, porque vivimos en un Estado democrático de derecho y el presidente no puede estar con estas narrativas. Pero no es un tema tampoco exclusivo de él, lo hemos visto en otros lugares como con Bolsonaro. Estas narrativas que son sumamente preocupantes porque ponen en riesgo a estas organizaciones y el trabajo que realizan. Vamos a estar al pendiente, en particular en el mediano plazo porque esta polarización afecta, de manera particular, a las organizaciones y a los periodistas”.

“Seguimos con una crisis de Derechos Humanos en varias temáticas: derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. En el tema de desapariciones, todavía nos queda mucho por atender y este delito en México, muchas veces, queda impune. No es que en estos dos años haya desaparecido ni tampoco la tortura como práctica generalizada. Este año, en particular, la pandemia ha visibilizado las desigualdades económicas y sociales, las capacidades que hay, el derecho de acceso a la salud. Nosotros hemos presionado para la liberación de patentes de las vacunas, que sea una realidad, para que más gente tenga el acceso de manera pronta”, concluye.