MARCELA VILLALOBOS

La militarización del país es motivo de controversia nacional, la reciente integración oficial de la Guardia Nacional al Ejército y la intención de ampliar la presencia militar en las calles reavivaron el debate, donde organismos internacionales han manifestado abiertamente su postura en contra. Por ello, volvimos a charlar con Marcela Villalobos, presidente de Amnistía Internacional, sección México.

Nos refiere que la militarización no empezó hace 16 años: “Tiene muchos años que se han utilizado a las fuerzas armadas para hacer tarea de seguridad pública. La historia viene desde el 68 o el 71, incluso también en el 94, después con Vicente Fox, con Ernesto Zedillo para el tema de represión de zapatistas. Lo que hemos señalado organizaciones de la sociedad civil es que empezó de manera mucho más intensa con la institucionalización de las fuerzas armadas en tareas de seguridad por parte de Felipe Calderón, es decir, sacar al Ejército a hacer tareas que llamaron a operaciones conjuntas porque lo hacían en conjunto con policía federal, policías estatales. En 2007 hubo un despliegue de aproximadamente 37 mil elementos de las Fuerzas Armadas, entre 37 y 40 se mantuvo por varios años, y ahora lo que hemos visto es el incremento porque ya llegamos al número de 90 mil. Estamos viendo una profundización porque no son sólo tareas de seguridad pública, sino son otras funciones civiles que estaban a cargo de instituciones, de personas, más bien de corporaciones civiles y se le dieron a las fuerzas armadas, el tema de migración, fronteras, puertos, aeropuertos, en fin, son documentadas por el CIDE 227 funciones civiles que se les dieron”.

Expone las implicaciones: “Se ha vendido la idea de que las fuerzas armadas son la única solución a la problemática de inseguridad y de criminalidad organizada que atraviesa el país, pero no es así, vimos que en dieciséis años no sólo no ha funcionado, sino que han incrementado los delitos y las violaciones a derechos humanos, y es una corporación que no está hecha para la seguridad ciudadana para el trato con la ciudadanía. Sólo para poner un ejemplo, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes se incrementó de manera exponencial del 2006 al 2021, vamos a ver cómo cierra el 2022; pero, también, la cantidad de personas desaparecidas y no localizadas, actualmente, hay un registro de más de 105 mil personas, digo registro porque sabemos que pueden ser muchas más y por el miedo de no denunciar se pierde el registro; la mayoría, más del 80% corresponde a estos últimos 16 años, que es cuando se implementó esta guerra contra las drogas, que no ha funcionado, más bien que se sigue repitiendo sin ningún resultado”.

“Lo que nos preocupa es que se siga haciendo esta estrategia sin considerar diagnósticos y más bien deberían acompañar esta decisión, políticas de prevención de la violencia, prevención social, de la violencia y la delincuencia, así otro tipo de estrategias que no sean sólo de ataque frontal y de uso de la fuerza ni de violencia, sino, por ejemplo, de inteligencia, etcétera. Creo que falta muchísimo todavía por abordar como el fortalecimiento de policías civiles y también obviamente del aparato de justicia. Nos urge trabajar con el fortalecimiento de las fiscalías locales y la fiscalía general”.

El índice de letalidad también le preocupa: “Es uno de los indicadores que también se consideran para medir la violencia. Usualmente, el índice de letalidad tendría que ser de cero muertos, cero heridos, pero sabemos que por la preparación las fuerzas armadas están entrenadas para la guerra, al final, el índice de letalidad aumenta mucho cuando se trata de resolver este tipo de problemáticas, cuando hay un enfrentamiento entre civiles o presuntos delincuentes, pues al final, hemos visto N cantidad de casos que han violado derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales o personales, e incluso, Felipe Calderón les llamaba daños colaterales, y ahora el presidente López Obrador le llama fuego cruzado, pero no dejan de ser víctimas que no tenían absolutamente nada que ver y aún así permanecen impunes ante esas violaciones”.

El tema de la violencia contra las mujeres también les resulta preocupante: “Con base en las encuestas que realiza el INEGI a población privada de la libertad, una de cada diez mujeres cuando son detenidas por policías, pueden ser violentadas o torturadas sexualmente. Cuando son detenidas por fuerzas armadas aumenta a dos de cada diez y cuando los que las detienen son marinos, aumenta cuatro de cada diez. Además, la desaparición de mujeres también es una constante general, que pueden relacionarse con otro tipo de delitos como trata de personas con fines de explotación sexual y laboral o violencia sexual u otro tipo de delitos que pueden perjudicar específicamente a niñas, adolescentes, porque la mayoría son adolescentes de entre 15 y 19 años, lo cual significa que ahí hay un delito particular. A la par, hay 11 mujeres asesinadas diarias, pero es importante decir que a partir de que empezó esta guerra, son cada vez más mujeres asesinadas en la vía pública y con arma de fuego; antes era por personas conocidas o con arma blanca en el espacio privado, y ahora son más en el espacio público y las armas de fuego ya son elementos importantes a considerar”.

El tema electoral no está ausente: “Desafortunadamente, sabemos que las fuerzas armadas, la prisión preventiva oficiosa y de políticas punitivas son populares y eso también es electorero. Puede ser que en lugar de que se basen en evidencia para construir o para hacer políticas de largo aliento, lo que hacen más bien es anteponer sus intereses personales o de partido a costa de la ciudadanía, a costa de las víctimas de este país. Es grave que tan fácil se cambien intereses públicos y sociales tan profundos y dolorosos por los personales y de partido”.

Señala que la preocupación no sólo es del organismo que representa: “No sólo es desde Amnistía Internacional, los organismos internacionales en materia de Derechos Humanos han repetido hasta el cansancio que hay que abandonar el enfoque de militarización de la seguridad pública. El último que lo dijo fue el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, en su informe; pero también lo ha señalado la relatoría de derechos humanos para las Naciones Unidas. Hay sentencias todavía por cumplir, el caso, por ejemplo, Alvarado Espinoza, en donde hablaba de 5 principios específicos entre que debería estar regulada la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad esos principios de excepcionalidad, fiscalidad, complementariedad, pues quedaron también en el punto transitorio que dio origen a la Guardia Nacional (extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria)”.

“Lo que estamos viendo es algo tan burdo y cínico de violar la Constitución para implementar y aprobar estas leyes secundarias a costa de lo que sea, sin participación ciudadana, sin diagnóstico, sin absolutamente un registro específico. Es preocupante la forma en la que estamos viendo cómo se aprueba esta reforma tan importante y pues sí es un riesgo para el país, para la seguridad, para los demás”, advierte.

Nos comparte su diagnóstico de la Guardia Nacional: “Totalmente es el Ejército disfrazado, destruyeron lo que había de policía civil para dejarla como policía militar, eso ha sido sumamente preocupante. Nosotros nos oponemos a eso, es inconstitucional, y es sumamente grave, porque no es sólo la administración o la operación sino la disciplina militar no está diseñada para la seguridad”.

Nos dice que vamos contracorriente: “Todos los países están desmilitarizando las funciones civiles y México está haciendo todo lo contrario, o sea, no deja de ser una propuesta punitivita popular, pero eso va contra la evidencia y contra los derechos humanos”.

“Latinoamérica tiene mucha experiencia al respecto. Al final vienen de regímenes dictatoriales de militares que lo único que hicieron fue generar graves consecuencias para la población y para los seres humanos. Tenemos esas experiencias en todo el continente que no funcionaron y que por lo mismo han tratado de cambiar esas ideas militaristas y punitivas, experiencias y ejemplos hay de sobra; también, de cómo ha transitado Colombia es un gran ejemplo de justicia transicional, comisiones de la Verdad y demás para esclarecer estos hechos violentos, crímenes de lesa humanidad u otras violaciones graves”, concluye.