REPORTE POLÍTICO

Inserta en una crisis económica global lejana de soluciones factibles y perdurables, la raza humana ve cómo los organismos internacionales llámese Banco Mundial, OCDE, OMS, ONU, dan voces de alerta y encienden las luces amarillas, más amenazantes que preventivas, ante una nueva pandemia por la “enfermedad X” de la que los científicos se preguntan no si aparecerá, sino cuándo aparecerá, y que apunta a ser más devastadora que la COVID-19; a la vez urgen a los gobiernos y empresas a invertir en infraestructura e investigación en el sector salud mundial para enfrentar lo desconocido, dado que la experiencia pandémica reciente sacó a flote el escombro y la incapacidad en el que se encuentra el mundo para atender emergencias de esa magnitud.

El Dr. Richard Hatchett, director general de la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI-ONU) advierte que por terrible que haya sido la COVID-19, “está lejos de ser la peor pandemia imaginable causada por una enfermedad infecciosa”. El argumento del científico se soporta en las experiencias registradas en la historia no tan lejana de la pandemia llamada “gripe española” (1918) cuyo virus fue cinco veces más letal a la COVID, y algo más reciente con los brotes de SARS (2003) y MERS (2012), a los que ubica en 20, el primero, y 70, el segundo, veces más letales que éste, aunque, por fortuna, menos transmisibles.

La advertencia está en el aire, algo muy preocupante en el tema pandémico ven los organismos internacionales como para levantar la voz y urgir a los estados a tomar cartas en el asunto e iniciar inversiones en la previsión de brotes infecciosos, para enfrentar emergencias sanitarias con eficiencia y eficacia y, con ello, evitar pérdidas humanas; no como lo sucedido con la pandemia de COVID que los tomó totalmente vulnerables y con los brazos cruzados.

Pero, en una sociedad global que se rige por el mercado, prevenir soluciones del tipo que se requieren para enfrentar la “enfermedad X”, resulta altamente complicado por los intereses propios del sistema económico político y social en que se reproduce, en el que la meta de todos los procesos es el intercambio que genere ganancia: la plusvalía es el motor y lubricante del mercado, sin la obtención de ésta la sociedad y la economía se paralizan.

Y aunque el avance de la tecnología, ahora digital y de inteligencia artificial, ha dotado a la humanidad de herramientas capaces de transformar prácticamente todo en breves espacios de tiempo, su aplicación depende de la plusvalía que pudiera generar, sin importar el factor de la vida humana.

Así, por ejemplo, en el sector salud, tradicionalmente en el siglo pasado para obtener una vacuna o algún medicamento, a los científicos les llevaba un periodo de diez años lograrlo, después de infinidad de pruebas y errores. En esos avances, una investigación del CEPI señala que la obtención de la vacuna contra las paperas, ya en este siglo, se logró en menos de cinco años, en cambio con la aparición del SARS-CoV-2 (COVID-19) la vacuna para enfrentar la emergencia se logró en 326 días; este salto cuántico llevó a los científicos a plantearse la posibilidad de poder reducir ese plazo a 100 días para contar con un fármaco eficaz y eficiente en el combate de pandemias.

Claro que para lograrlo se requiere de grandes inversiones en infraestructura, equipos y capital humano, y es aquí donde surge el problema, ya que al acortar los tiempos de producción, los inversionistas también esperan sus ganancias más rápido, y en este tipo de proyectos preventivos no sucede así, puesto que una vez obtenido el antídoto, vacuna o tratamiento pandémico, habría que esperar los brotes para hacer la producción masiva y ponerla en el mercado para aplicarla, hasta entonces se vería la ganancia, y esto, simplemente, no va con el capital, aunque representa uno de los más grandes y seguros negocios de la modernidad.

La OCDE señala que impulsar la resiliencia de los sistemas de salud requiere de una inversión de 1.4 por ciento del PIB de todos los países miembros de este organismo en relación con el gasto de 2019, y con ello se podrían afrontar futuras crisis sanitarias, que en el caso de la COVID-9, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que para 2025 (cinco años después de que apareció) habrá tenido un costo de 28 billones de dólares para el mundo, y una pérdida en vidas humanas incuantificable que, a inicios de 2023, se reconocía por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 6.8 millones de fallecimientos, aunque la cifra podría ser de 15 millones, dicho por el propio organismo.

Y sí, la pandemia resultó un gran negocio para las farmacéuticas e inversionistas que llevaron sus capitales a ese sector. El costo promedio de las vacunas es de entre 15 y 20 dólares y aunque las estadísticas de vacunación son variables por la forma asimétrica en que se aplicaron en los países ricos y pobres, puesto que mientras en las naciones desarrolladas cubrieron 55 por ciento de la población objetivo, en los pobres ese índice apenas rebasó 10 por ciento. Sólo en 2021 se aplicaron 16 mil millones de dosis, lo que equivale a 141 mil millones de dólares. Y, dicho por el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, “las dinámicas del libre mercado están privando de ese derecho a una parte de la población más pobre y vulnerable del mundo. La OMS hace un llamamiento para que se introduzcan los cambios que tanto necesita el mercado mundial de las vacunas para salvar vidas, prevenir enfermedades y estar preparados para futuras crisis”.

Pero estos llamados enmudecen ante la realidad del sistema de mercado-ganancia. Amnistía Internacional dio a conocer en septiembre de 2021 que AstraZeneca, BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax y Pfizer, que acaparan el mercado de las vacunas contra COVID, se negaron a participar en las iniciativas concebidas para impulsar el suministro global del antídoto. No obstante, BioNTech, Moderna y Pfizer tenían previsto ganar 130 mil millones de dólares estadounidenses para finales de 2022.

Aun así los organismos internacionales citados al inicio, piden a los gobiernos, a los fabricantes y a los asociados que adopten medidas ambiciosas para garantizar un acceso en condiciones de igualdad a las vacunas y mejorar las respuestas a futuras pandemias, que requerirán, al menos, tres millones de médicos especializados más para enfrentar la siguiente pandemia que seguramente ya la ven el horizonte medio, para la que un equipo de 300 científicos ya trabajan e investigan sobre la “enfermedad X” con base en las familias de virus conocidos a la fecha y que agruparon en COVID-19, Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, Ébola, virus de Marburgo, Fiebre Lassa, Coronavirus (MERS-CoV), SARS, Nipah y enfermedades henipavirales, Fiebre del Valle del Rift y Zika, sin contar los microorganismos que se liberan diariamente con el deshielo de los glaciares y destrucción de bosques y selvas.

El gran problema es el sistema en sí mismo, en que la monopolización de la producción de vacunas y medicamentos es la que marca las rutas y estrategias con base en sus ganancias y como señalaron los asistentes en la reunión de Davos “todo el mundo cree que su organización dejará de ser económicamente viable dentro de diez años si sigue su curso actual”.  Lo cierto es que la advertencia pandémica por parte de los organismos internacionales está sustentado en signos que ven y los alertan de la proximidad de otro cataclismo infeccioso porque cuando el río suena es porque agua lleva y en todo ello a río revuelto, ganancia de pescadores, la gran perdedora es la sociedad que es a la que toca poner las vidas humanas.