REPORTE POLÍTICO

Hace frío, la madrugada se cobija con el firmamento profundo, transparente, iluminado por una Luna azul, tintada así por la helada adelantada septembrina, y en el camino al Sombrerete, Chonilla, en su andar menudo apresura el paso, va retrasada para levantar las mazorcas que habrán de ser la comida del siguiente año. Desde hace décadas, antes de abandonar la comodidad de su casa en el pueblo para cumplir con sus labores del campo en una parcela grande para ella de hectárea y media, llena tres cuartos de un vaso con una Coca Cola y toma un huevo fresco, recién recolectado del nido de las gallinas coloradas rodailas (Rhode Island), como las identifica por ser de buena raza ponedora que tiene en su solar, y eso es su desayuno, almuerzo y comida.

Encarnación Espinoza, Chonilla, a sus 60 años de vida no hay esperanza que deje su natal Jerécuaro. Es guanajuatense de cepa. Buenas y malas las ha vivido en este pequeño pueblo que se aproxima a ser ciudad, pues ya rebasa los 50 mil habitantes. Para ella, como lo platica con la calidez hospitalaria de los jerecuareños, “la Coca Cola es fuente de juerza”, porque cuando toma por la mañana su huevo crudo con té de canela o jugo de naranja, “en la labor me agarran los váguidos y no’más ya no puedo seguir”, afirma.

La historia de Chonilla es extensa y propia para otro espacio, pero este pasaje en particular homologa la realidad de millones de campesinos y otras tantas personas que habitan los cinturones de pobreza y colonias populares de las ciudades, de las que con desparpajo se escucha decir que un refresco y unas conchas o donas, o cualquier otro de esos panes y pastelillos embolsados en celofán que se venden en todo tipo de expendios están al alcance del consumidor fácilmente, les da la energía suficiente para trabajar todo el día, además de quitarles el hambre.

Estos productos están ‘tan’ a la mano del consumidor, que Bimbo a nivel mundial, en sus estadísticas afirma llegar a mil 200 millones de personas y su meta es incrementar ese número para abarcar la mayor parte de los siete mil 400 millones de habitantes del Planeta. Es una empresa multinacional cuya facturación es mayor a 300 mil millones de pesos. En México, su plantilla laboral es mayor a 137 mil empleados, y calcula la generación indirecta de más de un millón puestos de trabajo.

Coca Cola es la multinacional refresquera más grande del mundo. Presume que con los mexicanos tiene un compromiso permanente desde que inició operaciones en 1926 en nuestro país. En la actualidad, su planta de trabajo se constituye por más cien mil empleados en México. También asegura que genera más de un millón de puestos de trabajo indirectos. Está integrada por 70 marcas, más de 500 presentaciones y más de 300 productos. A nivel mundial –en 200 países–, vende 190 millones de unidades diarias, y su valor de empresa es 15 mil millones de dólares, unos 330 mil millones de pesos.

Este es el tamaño de las dos principales compañías señaladas como productoras de los llamados alimentos chatarra, golosinas que no nutren, pero que sí engordan. Hay una lista de más de cien empresas entre grandes, medianas y pequeñas que se disputan este mercado floreciente entre la población de las clases media, baja y de pobreza extrema, que conforman 85 por ciento, en promedio de la población global.

En México, por enésima ocasión, dicho de alguna forma, el Gobierno en turno denuncia la nocividad para la nutrición y salud pública de frituras, golosinas, pastelillos, bebidas gaseosas y energéticas, así como de la comida rápida (léase pizza, hamburguesas, hot dogs y la cocina oriental), que no son otra cosa que un coctel de altas concentraciones de azúcares, carbohidratos, grasas, sodio, ingredientes que no nutren, como grasas, almidón de maíz, jarabe de maíz de alta fructosa, melaza, grenetina, benzoato de sodio, benzoato de potasio, eritorbato de sodio, maltodextrina, carragenina, goma de algarrobo, azul brillante FCF, tartrazina, rojo allura AC, amarillo ocaso FCF, carboximetil celulosa, fosfato disódico, nitrito de sodio, ciclamato de sodio, glutamato monosódico, entre otros compuestos identificados públicamente como factores que propician diferentes tipos de cáncer para las personas que los consumen con regularidad, así como una causa principal de desnutrición y obesidad.

No es algo nuevo que las autoridades gubernamentales se pronuncien en contra de esas multinacionales e inclusive amenacen con prohibir la venta de sus productos. Gobiernos anteriores legislaron y reglamentaron el comercio de éstos, en el que se prohibió desde principio del siglo XXI el expendio de esas golosinas en las escuelas, así como la transmisión de su publicidad en la televisión abierta, con el objetivo de reducir al mínimo el consumo de la llamada chatarra de los alimentos.

En el contexto de esto, están los trabajados de investigación de organizaciones internacionales como la OMS y la FAO en los que señalan que desde la década de los años 70 del siglo XX se identificaron a nivel mundial que el sobrepeso y la obesidad representaban un problema de salud pública. Sin embargo, fue hasta 2004 que la Organización Mundial de la Salud (OMS) los clasificó como epidemia mundial que cobra la vida de 2.6 millones de personas al año y que puede colapsar cualquier sistema de salud. De esta forma se cataloga como una epidemia que es la quinta causa de fallecimientos a nivel global.

La evidencia del daño a la salud pública regional y mundial la documentan los organismos internacionales y en el caso de México, como lo hacen otros países, sus cuerpos científicos del sector salud avalados legalmente por los órganos legislativos. Pero ello no es suficiente para detener la industria de esta rama productiva.

Una de las organizaciones más fuertes del empresariado mexicano, Coparmex, afirmó recientemente que prohibir los alimentos chatarra quitaría 50% de ingresos en tienditas y cancelaría 300 mil empleos.

Por otro lado, como parte de las medidas gubernamentales para reducir el consumo de esas golosinas, desde 2014 se impuso un impuesto de un peso por cada litro de bebidas azucaradas. Sin embargo, de la misma forma que con el IEPS a comida chatarra, el de bebidas azucaradas es cuestionable por su ineficacia en el combate de los problemas de salud, se antoja, más bien, como una simple medida recaudatoria.

Un botón de muestra. Los números así lo revelan: en los primeros 11 meses de 2014, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) sólo a refrescos dejó ingresos por 24 mil 866 millones de pesos, que significó un aumento de 6.7% anual, en términos reales.

En tanto que la recaudación del IEPS que se le impone a la comida chatarra creció 20.2% anual. Fue el mayor crecimiento para un periodo similar desde la creación de este gravamen en el 2014, con la implementación de la reforma fiscal, con lo cual se paga una tasa de 8% por cada 100 gramos o más, a los alimentos no básicos con alta densidad calórica, cuyo contenido energético sea de 275 kilocalorías.

De acuerdo con la información de la Bolsa Mexicana de Valores en 2009, las tres principales empresas de ese sector: Coca-Cola y sus dos principales distribuidoras Fomento Económico Mexicano (Femsa) y Embotelladoras Arca; Grupo Bimbo; Alsea que opera siete cadenas de comida rápida, y Grupo Embotelladoras Unidas (Geusa-Pepsi), reportaron ganancias por 43 mil 500 millones de pesos más respecto de las utilidades que alcanzaron en 2008. Y esto sucedió en medio de una de las crisis económicas a nivel global más severas del presente siglo.

Los datos del pasado y del presente no dejan lugar a dudas para ver el poder de las multinacionales para conservar sus mercados y sus tasas de ganancia, así como el poder que tienen sobre los gobiernos y Estados. Y no se trata de grupos neoliberales y mandatarios corruptos que se aliaron a esas corporaciones para modificar los hábitos alimenticios de la sociedad regional y global: éstos se ajustan a las dinámicas del desarrollo de la industrialización de la producción de los alimentos en la que se busca un mayor rendimiento por la superficie destinada al sector agropecuario, y una reducción de costos productivos; con ello aumentan la plusvalía en esos procesos. Y en esto las declaraciones de los gobiernos para frenar el daño que hacen a la salud pública de la sociedad, son sólo eso: declaraciones, como canto de sirenas en noches de marea alta.