MACARITA ELIZONDO

El sistema electoral mexicano es complejo en diversos niveles y pocos lo conocen tan bien como Macarita Elizondo Gasperin quien ha formado parte tanto de la autoridad administrativa como de la judicial en dicha materia. Además de ser una destacada jurista teórica y contar con la práctica es una acérrima defensora de los derechos de la mujer, particularmente en el ámbito electoral, incluso en algún momento fue la única mujer dentro del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral (IFE).

Egresada de la máxima casa de estudios, recibió la medalla Gabino Barrera (otorgada a los mejores promedios) donde también se doctoró, de ahí ha recibido múltiples reconocimientos y ocupado los más altos cargos en la materia desde 1987 destacando:

• Miembro fundador del Tribunal de lo Contencioso Electoral Federal
• Magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
• Consejera Electoral del Instituto Federal Electoral

Charlamos con ella sobre el proceso electoral y los derechos de las mujeres en el mismo. Sobre los principales desafíos del proceso electoral, que se adelantó más de medio año, destaca: “Obviamente todo proceso electoral es diferente, tiene sus propios elementos que los diferencian. El principal desafío es precisamente la coincidencia de tantas elecciones a nivel local y federal, pero sobre todo la participación en igualdad de las mujeres en esta en esta contienda”.

Sobre los discursos que pretenden desacreditar a las autoridades electorales, expone: “Bueno, desde aquella defensa social de que el INE no se toca hasta su participación a partir del arranque del proceso electoral, pues, cada sesión, cada actividad, cada acto que realiza el INE, refuerza su compromiso con la democracia. Entonces, no creo en el desacreditar a una institución por unos hechos aislados, al contrario, su antecedente, que viene siendo el Instituto Federal Electoral y ahora el consecuente que es el Instituto Nacional Electoral, hablan por sí solos”.

O sea, usted cree que esta campaña, porque sabemos que la hay, no vaya a tener eco, le comento y añade: “No, no va a tener eco, porque a mí me pasaba mucho como consejera electoral. ¿Qué era lo que sucedía? A veces nos cuestionábamos, bueno ¿hasta dónde y en qué momento se van a resolver las cosas? Y en el último round, en el último segundo, se abren las aguas y, en verdad, digo que todo tiene solución. Aquí la institución más importante, en la en la democracia, son las instituciones que son el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte de Justicia está haciendo un papel muy significativo en acciones de inconstitucionalidad que es el único punto en donde se pueden abordar leyes electorales o combatir leyes electorales. Entonces, me preocupa considerablemente que se ataquen a las instituciones y que se merme su financiamiento”.

Al haber sido miembro de ambas autoridades electorales, le cuestiono sobre cómo se vive el fervor mediático cuando estas difieren y se maneja como si fuese el gran pleito, serena expone: “Bueno lo que pasa es esto, el Instituto Nacional Electoral está encomendado para una elección, mientras que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está encomendado para juzgar y resolver las impugnaciones. Si nosotros vemos de todos los actos que emite el Instituto Nacional Electoral, cuáles son los que se impugnan es un porcentaje muy pequeño y de esas impugnaciones todavía cuáles son las que se revocan, todavía es un porcentaje más pequeño. Entonces, más que hablar de personas, hablemos instituciones aquí las instituciones, ambas llevan el mismo objetivo, ¿cuál es el objetivo? Que un proceso electoral esté apegado a la ley, que no haya violación a derechos fundamentales y que quien gane la contienda esté no solamente basado en un esquema de legalidad, sino de legitimidad”.

Pasando a los temas de género, expone otro desafío: “Hay subir un peldaño en cuanto a financiamiento del apoyo económico de las mujeres para que precisamente no se vulnere y no se violente esos derechos constitucionales de igualdad y en eso estriba también que le den la participación económica, no solamente política”.

Diagnóstica: “No veo en los indicadores de compromisos de igualdad, aquellos que vayan dirigidos a las cuestiones económicas, México no puede y no podrá tener una democracia que al mismo tiempo abra paso a una sociedad más igualitaria horizontal y ciudadana si no voltea hacia nuevos horizontes. Debemos dar mayor poder económico a las mujeres, generar círculos virtuosos en ejercicio de los derechos de los ciudadanos”.

Propone avanzar más allá de lo político electoral en cuanto a cuotas de género: “Desde el 2017 en Francia y España se introdujo un 40% como cuota para los consejos de administración empresarial; en Noruega, desde el 2003, ese 40% es un marcaje importante en los consejos de administración de las empresas para cotizar en la bolsa; en Holanda, el 30%. Se ha demostrado que la cuota de género es un acelerador de transición para la modernización posicionamiento y conservación de la igualdad. Eso ya lo hemos visto en la política, pero no estamos viendo nada reflejado en lo económico. Requerimos una nueva visión de un alcance del principio transversal de paridad que desde lo político se proteja lo económico”.

Jurídicamente, el 3% del financiamiento público ordinario a los partidos debe destinarse para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, Macarita Elizondo recomienda: “Por lo menos en ese limitado 3% lograr fiscalizar el gasto de los partidos políticos que no garanticen el principio de paridad y por lo menos la cuota de género en esas empresas y realizar medidas de nivelación de inclusión de acciones afirmativas compensatorias necesarias ahora que se requiere que lo cuantitativo voltee hacia la representación transversal sustantiva”.

“Los partidos políticos nacionales deberán de presentar en los primeros 15 días de enero del 2024 su plataforma electoral. Entonces ahí podemos vigilar que haya una tutela y que se vele este nuevo alcance del principio transversal de paridad. El INE y el Tribunal podrían advertir medidas que puedan verificar y garantizar, de manera efectiva y transversal, la observancia del referido principio constitucional de igualdad de género para el pleno ejercicio de la ciudadanía para que desde lo político se englobe lo económico. Partamos del estudio de clasificación en el Registro Nacional de Proveedores, que por lo menos identifiquemos a quién se están beneficiando con ese 3%, qué empresas se están beneficiando, entones volteemos la identidad de aquellas personas morales nacionales que vendan, enajenen, arrenden o proporcionen bienes y servicios a los partidos, a las coaliciones, a los aspirantes, a los candidatos independientes, considerando la integración por género de sus accionistas y de sus juntas”.

Proporciona el sustento jurídico: “La sala superior recientemente ha sostenido que el diseño constitucional del sistema electoral mexicano pone en especial énfasis en la equidad en la contienda en relación con el ejercicio de los recursos económicos. Ese incipiente 3% es una vía para garantizar el acceso de las mujeres al espacio público y al pleno ejercicio de esos derechos político-electorales en condiciones de igualdad”, concluye.