REPORTE POLÍTICO

Sobre la Ciudad de México flota el hedor de la corrupción enquistada en los corrillos de las dependencias que atienden y autorizan los desarrollos inmobiliarios, se respira en su condición de zozobra para adquirientes, hoy víctimas, fundamentalmente de condominios verticales. Los funcionarios capitalinos alegan, ahora, la existencia de un cartel inmobiliario que provocó un daño económico que estiman en siete mil millones de pesos al erario, en un periodo que definen entre los últimos 15 o 20 años, pero sólo en una alcaldía (Benito Juárez) –antes delegación–, de las 16 en que se divide el territorio de la gran urbe, y donde afirman las autoridades que sentaron sus reales las corruptelas entre sus antecesores locales y los dueños de las constructoras.

Hablan de edificaciones ilegales por no cumplir con los estándares y mandatos de los reglamentos de construcción y que excedieron el número de niveles construidos permitidos por lo que llaman zonificación. Pero esas propiedades cuentan con escrituración notarial y registros de la Propiedad Pública y de Comercio del Gobierno capitalino, en los que se documenta la legitimidad de los permisos y licencias para levantar las construcciones.

Por lo dicho y la forma en que manejan este tema en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), quienes tendrán que pagar los platos rotos por las corruptelas entre funcionarios y desarrolladores inmobiliarios, serían los compradores de los inmuebles, a los que se les ha advertido que en el proceso judicial que se sigue sobre esto, si no se localizan a los constructores para que paguen “la regularización” de los predios, serán los condóminos quienes asumirán ese gasto que, por lo menos significaría, por ejemplo, unos 500 mil pesos en edificios de diez departamentos, lo que pone en riesgo la propiedad de ese su patrimonio.

Y en las cifras que mencionan las autoridades del Gobierno central los pies andan sin cabeza, brilla la confusión y desaseo en el manejo del tema: hablan de 136 edificios irregulares detectados, en los que se construyeron 264 niveles más de los permitidos, y en ellos ubican ¡¿200 departamentos?!

Sobre el tema Luis Antonio Montes de Oca Mayagoitia, presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México responde a la pregunta: En esto del cartel inmobiliario, ¿qué sucede con las familias afectadas?

“Mientras la autoridad no decida qué va a pasar con esos inmuebles las personas siguen siendo propietarios de estos, que en general son condominios verticales. En este tema hay de chile, de dulce y de manteca, pero las licencias están otorgadas, ahorita lo que se ve en las noticias es que los desarrolladores inmobiliarios acusan de extorsión a las autoridades para obtener una licencia de construcción porque los obligaron a pagar millones de pesos con tal de obtener una licencia de construcción, y yo le pregunto “Esa licencia ¿es buena o no es buena?”; ¡Claro que es buena! ¿Cómo la obtuvo? No sé. Si el señor cometió una irregularidad o un delito para el otorgamiento de ese documento, el documento está emitido por una autoridad competente para emitir ese tipo de documentos. Y nosotros (notarios) partimos de la presunción de la buena fe los compradores y de los desarrolladores”.

“Resulta que la Seduvi dio la autorización de 10, no de 15 (niveles), están cinco excedidos: sí, pero la delegación que ha apoyado esto, que podían modificar en forma particular esas reglamentaciones lo hizo, en forma indebida, pero lo hizo. Aquí la autoridad debiera tomar la decisión si declaran nulas esas autorizaciones y entonces si se pudiera alegar la nulidad de las escrituras, pero no nada más del piso de arriba, sino de todo el edificio. No son sólo 300, 400 pisos de más. No, son todos los que ocupan los inmuebles completos. Entonces ese régimen de propiedad en condominio habría que modificarlo”.

“Esto está muy complicado, lo veo difícil, pero bueno lo que decida la autoridad, pues eso se hará: si deciden declarar la ilicitud de esos documentos que fueron otorgados, pero no por culpa del notario o del interesado (comprador), habría que revisar de quién es la culpa, porque por ahí dicen que para que haya un corrupto debe haber un corruptor. Yo veo que ahí, en cierta medida, se van a compartir la responsabilidad tanto el desarrollador, como la autoridad que emitió el documento”.

“No pueden castigar a nadie (compradores), porque no han cometido ningún ilícito. Lo que hizo el ciudadano fue simplemente comprar de buena fe un inmueble, pagarlo, pagar impuestos, predio, luz, agua, servicios públicos”.

“En cuanto la cuantificación del daño al erario, de siete mil millones de pesos, habrá que revisarla porque durante todos estos años (2006-2023) la autoridad ha cobrado el impuesto predial a esos inmuebles y esa cantidad podría ser menor al cobro de los impuestos. O a la mejor se refieren al monto de lo que valen esos inmuebles. No entiendo bien a que se refieren las autoridades con el daño patrimonial que tuvo el erario. Porque los impuestos y servicios están pagados”.

“Y entonces eso de que paguen la regularización no le veo sentido, porque además de que ya pagaron (los compradores) el valor del inmueble y sus impuestos y servicios, ¿les van a quitar sus departamentos? ¿O qué?, eso no procede. Cualquier amparo tiraría eso. Además, no se debe perder de vista que esa situación aumentó la recaudación por impuesto predial con esos pisos de más”.

“Hoy en día no existe, no veo, una resolución de las autoridades sobre esto. No veo delito que perseguir en este tema, en cuanto a las personas que compraron departamentos en esos inmuebles señalados en la Alcaldía Benito Juárez. Ellos, los propietarios, tendrían que esperar a que haya una resolución de las autoridades y revisarla y con base en ello actuar. Mientras, no se puede hacer algo”.

Por cierto, al cartel inmobiliario las autoridades del Gobierno capitalino lo centran en la alcaldía Benito Juárez, una de las cuatro que fueron designadas por el Bando de Gobierno Número 2 (enero 2001), para construir desarrollos verticales y que obligó a las compañías constructoras de vivienda a adquirir terrenos en las delegaciones centrales (Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza), para ese modelo habitacional. Otra más.