DESAFÍOS ELECTORALES

El proceso electoral de 2024 ya empezó, en eso coincidimos la mayoría, aunque desde el punto de vista estrictamente jurídico aun estemos en otra etapa. Buscamos a las autoridades jurídicas y administrativas, para hablar de sus desafíos, más allá de lo cuantitativo y técnico.

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación TEPJF

Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nos habla de aquellos casos que están en el ojo el huracán donde se podría hablar de presión mediática: “Mire un tribunal debe ser sensible y saber qué repercusión va a tener su sentencia, llamémosla una repercusión social, política, jurídica, económica, pero siempre guiado por lo que establece la Constitución y la ley; ningún otro factor debe ser determinante para tomar una decisión”.

Reconoce que la ley no siempre se aplica a raja tablas: “Por eso existe la argumentación y la interpretación constitucional. La Constitución tiene fines y uno de esos fines es tutelar los derechos humanos y en función del principio democrático, esto implica que las decisiones sean aquellas que mejor o de mayor manera permitan un adecuado desarrollo de la sociedad de México”.

Acota sobre la literalidad de la ley: “Una forma que está autorizada es la interpretar literalmente los artículos, pero un juez constitucional tiene un mayor margen de interpretación y de argumentar sus sentencias”.

Le comentamos que tras los sufragios caerá una oleada de impugnaciones de políticos buscando ganar en los juzgados lo que no se ganó en las urnas, acota: “Precisamente el papel del tribunal es que se respete la voluntad que se plasmó en las urnas por el ciudadano, y entonces, creo yo, que no puede aseverarse que en el tribunal se ganará lo que no se ganó en las urnas. El tribunal juzgará si existieron violaciones a la concepción o no en el proceso democrático y conforme eso resolveremos”.

Parecería que la ley electoral pasó a mejor vida por el tema de tanto precandidato que ya está en campaña franca, a pesar de que aún no son tiempos electorales, el magistrado difiere: “Lo que yo le puedo decir es que emitimos una sentencia, en donde examinamos precisamente este tema y lo que observamos ahí fue una realidad social: la ciudadanía quiere intervenir ya en los procesos electorales, incluso en los desarrollados por los partidos políticos y lo que consideramos, en esta sentencia que fue emitida en un asunto en donde estaba siendo cuestionado el Frente Amplio por México, es que se trataba de proselitismo político, más que un proselitismo prohibido por la Constitución. En ese sentido lo que trató el tribunal, lo que buscó es abrir la puerta para que la ciudadanía pudiera participar y no desconocer esa posibilidad”.

“Categorizamos toda esta estrategia como un proselitismo hacia el interior de los partidos, tan es así que precisamente el Frente Amplio por México lanzó una serie, también, de aspirantes y así se la llamó, porque no candidatos que pretendían representar los ideales de esos partidos para llevar sus ideas hacia la ciudadanía”, complementa.

La pregunta es «cuándo estos “coordinadores” podrán actuar como un candidato en forma», el jurista responde: “En el momento que arranquen ya los procesos electorales y se les dé una definición conforme a la ley”. «¿Y si lo hacen antes?», cauto, expresa: “Entonces tendremos que valorar el caso que se nos ponga en consideración, verificar si efectivamente están infringiendo la legislación y tomar la determinación correspondiente”.

Sobre los principales retos para estas elecciones del 2024 del tribunal, destaca: “El tema de fiscalización tenemos que saber el origen administración y destino de los recursos deben estar plenamente identificados. Creemos que puede ser un tema el de la violencia que puede presentarse en algunas zonas del país, hay que identificarlas y seguramente el órgano administrativo encargado de organizar las elecciones tendrá que estar muy atento a ese tipo de situaciones”.

Respecto a las constantes desacreditaciones que recibe el árbitro electoral de los políticos, comenta sereno: “Mire, los políticos siempre harán política y ellos tendrán sus mecanismos, sus maneras de proceder, pero el Tribunal también tiene un mandato constitucional que tiene que obedecer y tiene que ser independiente, autónomo e Imparcial, no hay de otra. No nos guiamos por calificativos o descalificativos que puedan emitir actores políticos o ciudadanos en general”.

Al referirnos sobre el caso más complejo que ha tenido que enfrentar como juez del máximo tribunal electoral, expone: “Hemos tenido que sopesar, en la elección pasada, cómo valorar la prueba, precisamente ante argumentos que gravitaban sobre la intervención de la delincuencia organizada y hemos tenido que flexibilizar el análisis probatorio tomando en cuenta la prueba contextual que fue retomada por el Tribunal Electoral, incluso llegamos a anular algunos distritos electorales en el estado de Michoacán. Ese fue el más complicado jurídica y políticamente hablando”.

Reitero mi preocupación por el uso de eufemismos para darle la vuelta a la ley, decir «defensor o coordinador»  en lugar de «precandidato»; «obsequio» en lugar de «aportación»; «encuesta» en lugar de «propaganda», etcétera. Pregunto cómo evitar ese fenómeno y se excusa: “Ahí no podría yo responderle porque estaría prejuzgando sobre un asunto que a lo mejor puede llegarse a presentar en la sala Superior”. Sabe que se va a presentar, le comento y recusa: “De hecho no lo sé, pero no podría adelantarle mi criterio porque estaría incurriendo una causa de responsabilidad”.

Instituto Nacional Electoral INE

Por parte del Instituto Nacional Electoral, entrevistamos a la Consejera Beatriz Claudia Zavala Pérez que, difiriendo del magistrado, destaca: “Tenemos un desafío desde el punto de vista del arbitraje electoral, frente ahora, a algunas cuestiones que lo que yo advierto es que las personas políticas están dejando de atender las leyes y la ley debe de ser el eje rector de todo el actuar de autoridades, de fuerzas políticas, ese es el principal reto que yo advierto, que las reglas que nos hemos dado, que el consenso que está en la Constitución nos lo tomemos en serio y lo llevemos a cabo sin buscar espacios de simulaciones”. “Lo he señalado en las sesiones de Consejo y me parece que no hay que buscar situaciones límite. Hay que saber que el Derecho Electoral se ha construido con valores y con finalidades, sobre esa base debemos programar todo”.

Sobre el uso de eufemismos para eludir la ley, declara: “Estamos ante acciones que muchas veces, desde mi punto de vista, pueden incurrir en simulaciones y eso es lo que no tenemos que hacer. Creo que los textos legales son claros, los tiempos están marcados y hay que ceñirlos a ellos”.

En lo referente a los ataques públicos al INE, reconoce: “Sí hubo una coyuntura política muy desafortunada respecto de ataques a la autoridad. Ahora, lo que yo advierto es que, cuando hay una inconformidad, se quiere descalificar a la autoridad, pero la invitación es que se sigan los cauces del Derecho, que se vayan a los medios de impugnación y que a partir de esos medios de impugnación se decida cuando hay una diferencia y pero que se acate cuando ya hay una decisión final”.

Advierte: “Cualquier persona, cualquier fuerza política, la legitimidad que tenga cuando gane las elecciones, se la va a dar la autoridad electoral, porque para eso está. Entonces, es importante que se conserven los cauces constitucionales, el respeto a las a las instituciones y que cuando no haya una coincidencia, cuando haya algo con lo que nos está de acuerdo, se acuda a los cauces legales”.

Una de las críticas más constantes ha sido a los costos del Instituto, la consejera refuta: “Me parece que es una información sesgada porque se nos compara con instituciones que no son iguales. El INE es una institución que se le han dado muchas responsabilidades, absolutamente diferentes a las de cualquier país y es la inversión que hace el Estado mexicano para conservar nuestro régimen democrático. No es que sea caro o barato, es un sistema que nos hemos dado los mexicanos que ha partido de la desconfianza y eso requiere la inversión del Estado mexicano en términos financieros para la estabilidad y la paz de nuestro país”.

Le solicito su postura respecto a la acusación de que los consejeros electorales responden a las cuotas partidas con las que fueron electos: “Que se revisen nuestras resoluciones, que se revisen las razones, que se atienda al actuar cotidiano y ahí está. No hay cuotas, hay una decisión desde la Cámara de Diputados que tomaron en conjunto y cada una y cada uno de los consejeros, pues expresamos nuestras razones en cada uno de los actos que emitimos, que regulan no solo el proceso, sino lo arbitral, lo de fiscalización, lo del padrón. Así que somos transparentes abiertos, que la ciudadanía juzgue a partir de lo que hacemos”.

Para concluir, externo que el abuso del concepto de violencia de género puede volverse una coartada, ya que si una candidata tiene cola que le pisen, puede acusar de violencia de género ante cualquier señalamiento. La consejera expone: “A ver, el debate puede ser duro, pero no puede ser violento, eso es clarísimo. Lo que hoy debemos que tener, todas las mexicanas y todos los mexicanos, es claridad de qué es violencia para no incurrir en ella, porque con el lenguaje se violenta. Cuando nosotros queremos hacer la crítica, hagamos la crítica de lo que se ha hecho, de las acciones y no descalifiquemos a las personas, no etiquetemos a las mujeres, eso es muy común que se incurra. El grave problema que hoy tenemos es la violencia política contra las mujeres por razón de género, porque normalizamos la violencia. Creo que hay que ir a cursos todas y todos ¡eh! La reestructura es de todas y todos, políticos, periodistas todas las personas debemos caminar hacia la reestructura para tener una sociedad que no violente”.