LEOPOLDO MALDONADO

La libertad de expresión es una asignatura pendiente en México ha tenido avances y retrocesos, hoy pedimos su análisis a Leopoldo Maldonado, director para México y Centro América de Artículo 19, quizá la principal institución internacional en el tema.

Destaca: “Una asignatura pendiente que sigue siendo una condicionante a la pluralidad informativa, junto con la publicidad oficial, pero todavía más vigente y dolorosa, es el tema de la violencia contra la prensa que viene de muchos años atrás y no ha cesado. Eso va condicionando el ejercicio de la libertad de expresión, particularmente, en los diversos estados de la República donde los reporteros, reporteras -de a pie-, viven con miedo y amenazados por el crimen organizado, gobiernos locales y por otros actores u otros poderes fácticos y formales, también, de ambos. Evidentemente, no podemos hablar de libertad de expresión plena mientras tengamos estos niveles de violencia”. “Estamos hablando de agresiones contra la prensa prácticamente cada 13 horas, el año pasado documentamos 696 agresiones de las cuales, lamentablemente, 13 de ellas fueron asesinatos, prácticamente uno por mes, colocando al 2022 como el año más letal y más violento contra la prensa. Entonces, algo no se está haciendo o ha suficiente el mecanismo de protección, porque tiene una labor muy restringida y muy acotada, que no suplanta la labor de investigación de las fiscalías y es ahí donde estamos encontrando uno de los graves problemas que es la impunidad del 98% de los casos, de delitos contra la prensa que no son resueltos y esto genera un incentivo para que esta violencia continúe”, denuncia.

Añade: “Yo me atrevería a sumar un elemento que genera un ambiente hostil contra la prensa que es un discurso público bastante virulento en contra de la labor periodística. Eso lo habíamos visto a un nivel más local, pero ahora que la propia estrategia de comunicación del presidente se basa, en buena medida, en eso, hay muchos actores que lo reproducen y actores locales que no solamente se quedan en el discurso, sino que pasan a la acción violenta. Este elemento viene a sumar un nivel mayor de complejidad a la situación que vive la prensa en México, por lo consecuente, no podemos hablar de una libertad de expresión plena con estos niveles de violencia”.

Eso me recuerda discursos como los de Álvaro Uribe (de derecha) en Colombia y Rafael Correa (de izquierda) en Ecuador de los cuales se dice que sus críticas a la prensa desembocaban en violencia, por lo que surge el cuestionamiento ¿Será que no aprendimos o aprendimos demasiado bien? El activista responde: “Más bien aprendimos demasiado bien, es lamentable, pero ese tipo de malas prácticas sí se aprendieron demasiado bien y ahora es un mal en la región. Aquí, no es un tema de gobiernos de izquierda o de derecha, los gobiernos de todos los tintes ideológicos y políticos están utilizando esta estrategia, me refiero a jefes de Estado, Bukele, por ejemplo, el presidente de El Salvador y Giammattei, en Guatemala, además en este contexto crisis política que hay en aquel país; en su momento, Bolsonaro en Brasil, ya describías dos ejemplos muy claros, pero estamos viendo que en América Latina hay una ánimo político en contra de la prensa, bastante marcado, bastante público, que viene desde la cabeza del Estado. Esa es una situación que no se había dado, por lo menos en este nivel, como lo estamos viendo en los últimos años. Se ha convertido en una estrategia muy eficaz para mantener a buena parte de la prensa inhibida, algunos incluso pues ya se tuvieron que exiliar como es el caso de El Faro en El Salvador o lo que está pasando con periodistas nicaragüenses, donde prácticamente todos los periodistas independientes pues ya están fuera del país. Sí, estamos viendo que es una estrategia común de muchos gobiernos”.

Acota: “Sin lugar a dudas pone en grave riesgo a la prensa. Además, no hay que caer en el simplismo al que nos quieren meter cuando nos exigen pruebas de que ese discurso genera violencia; no es que el presidente diga algo en contra de una persona e inmediatamente vaya alguien y le dispare, afortunadamente eso no pasa; pero sí genera un ambiente propicio para la violencia y que cuando se reproduce ese discurso por parte de gobiernos locales, vean lo que pasa en Veracruz, vean lo que ya está empezando a pasar en Oaxaca. Esto no se queda en el discurso, a veces, sí se pasa a nivel de violencia física”.

Otro tema relacionado es la publicidad oficial sobre la que Artículo 19 acaba de presentar el Informe: “Menos gasto, misma opacidad”, Leopoldo Maldonado glosa: “No están claros , los criterios de asignación del gasto de la manera como se está haciendo, por ejemplo, diez medios acaparan el 53% del presupuesto total federal en comunicación social o el gasto del gobierno federal en comunicación social y el resto de cuatrocientos cuarenta medios tiene el otro cuarenta y siete por ciento, lo cual es una desproporción bastante marcada. Si tomamos en cuenta solamente a los tres primeros que son Televisa, TV Azteca y La jornada, en ese orden, pues se llevan prácticamente el 30% del total. Sí, hay una reducción del gasto significativa, en comparación con lo que gastaba el gobierno Enrique Peña Nieto, incluso hay un subejercicio de lo que está presupuestado, en un 25 menos de lo que aprueba la Cámara de Diputados para este rubro, en contraste con el gobierno de Peña Nieto que había un sobre ejercicio que llegó incluso a veces al 80% promedio, pero esto no necesariamente garantiza que ese presupuesto o ese gasto se esté utilizando de manera adecuada para garantizar y generar pluralidad mediática, al contrario, únicamente hay un grupo selecto de beneficiarios”.

“La manera en cómo se ejerce el gasto, históricamente, en México y en buena parte de América Latina, va generando distorsiones en donde un grupo de medios, particularmente si son líneas editoriales afines, pues son las que reciben mayor presupuesto público y son recursos públicos que se utilizan generalmente, como dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como una de censura sutil o indirecta. Hay condicionamientos en estos pagos y, por ello, afecta la pluralidad mediática, porque se está desbalanceando en el mercado de los medios de comunicación con este dinero público, impacta en la pluralidad mediática, lo cual a su vez impacta en el derecho a la información de la sociedad”.

“Hay un diferenciador, históricamente ha sido así, el problema es que persista esa mala práctica cuando había en un principio en el 2018 pues una buena disposición a dialogar y a cambiar la ley para establecer criterios claros de asignación. También lo ha determinado la Suprema Corte y por eso nos ha dado un par de amparos desde 2017 al tema de la omisión legislativa, precisamente porque ha encontrado y ha corroborado que se generan este tipo de distorsiones y se benefician los medios de acuerdo a su línea editorial”, expone.

Comento que las televisoras tienen mayor penetración, por lo que podría entenderse su asignación publicitaria, el entrevistado advierte: “Se puede inferir que sí puede ser por el nivel de audiencia que tienen, el problema es que no lo sabemos, no está establecido por qué esos dos tendrían que ser, digamos, los que prácticamente tengan el 20% del presupuesto total. Hay también una serie de principios que regulatorios que incluso estableció hace diez años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, la equidad, la idoneidad de los medios, de acuerdo, a las campañas. Ahí entran jugadores más chiquitos, las radios comunitarias, por ejemplo, si yo quiero una campaña en una región del país donde se hablan diversas lenguas indígenas, pues no necesariamente una televisora de esta magnitud es la ideal, por eso se tiene que establecer la serie de criterios, hoy desconocemos cuáles son. Nos llama la atención el tercer lugar que es un medio impreso que no tiene la misma penetración que tienen las televisoras, pero se le asigna casi el mismo presupuesto que a las televisoras. Entonces esa cuestión no queda muy clara, porque si lo comparamos -por ejemplo- con otro medio impreso que está después de La jornada, recibe significativamente menos dinero. No nos termina de quedar claro porqué unos sí y unos no, podemos inferirlo, el problema es que, históricamente, se utilizan como una manera de condicionar las líneas editoriales. De pronto, hoy TV Azteca tiene una campaña muy clara en contra de los libros de texto gratuitos; pero, en otro momento, ha apoyado la incorporación de la Guardia Nacional a SEDENA, por ejemplo. El problema es que se sujeta la línea editorial de los medios a una negociación política, eso es una distorsión muy grave”.

Refiere: “Raúl Cortés, un periodista que trabaja para la agencia Reuters, decía (en la presentación del informe) ‘bueno, a ver, México es el menos peor de los países latinoamericanos, porque sí formalmente tenemos una ley que solamente avala malas prácticas, bueno esa es otra cosa’. Por ejemplo, tenemos esta plataforma que es el COMSON, la plataforma de gasto de comunicación social que administra la Secretaría de Función Pública y que es la que aglutina todos los datos sobre cómo están gastando las instituciones públicas del Gobierno Federal, eso existe, si mal no recuerdo, desde finales del sexenio de Fox y fue ya de implementado de lleno con Felipe Calderón. Ahí nos podemos dar cuenta cómo se ejerce el gasto a nivel federal, pero en las treinta y dos entidades federativas hay una completa opacidad de cómo se gasta y a quién se le asigna. Podemos ver ciertos avances, porque efectivamente tenemos la posibilidad de analizar el gasto, pero esto no es suficiente porque se sigue ejerciendo de la manera que ya describíamos”.

“Hay ciertos avances, sin embargo, nosotros creemos que antes de cualquier regulación, que es urgente, se necesita una discusión abierta, amplia y plural que no se ha dado por parte de ningún gobierno y en ninguna legislatura”, concluye.